Amnistía denuncia que el aparato judicial iraní es "una herramienta de represión" para "vengarse" de los manifestantes
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch ha señalado este lunes que la ejecución de dos manifestantes por parte de las autoridades iraníes en relación con las protestas antigubernamentales es "un grave error judicial y una escalada peligrosa".
"Los juicios de quienes enfrentan cargos de pena capital relacionados con las protestas han sido una parodia total de la justicia", ha afirmado Tara Sepehri Far, investigadora de Irán de HRW.
"Privar a quienes se enfrentan a cargos de pena capital del acceso a un abogado de su elección es una medida coordinada para acelerar la campaña de juicios falsos de las autoridades iraníes que pretende sembrar el miedo y proyectar poder", ha explicado Sepehri.
La organización ha denunciado que los cargos contra los manifestantes son delitos "vagamente redactados", que incluyen cargos de seguridad nacional como enemistad contra dios, corrupción en la tierra o rebelión armada. Además, los procedimientos judiciales en los que no tienen permiso de participación abogados de la elección de los acusados "parecen no cumplir con las normas internacionales".
"Se informa de que los acusados son torturados para que confiesen, se les priva de acceso a los abogados de su elección y se les apresura a pasar por procedimientos judiciales que eluden las salvaguardias del propio código penal y la ley de procedimiento penal de Irán", ha agregado la ONG en su misiva.
Además, los tribunales revolucionarios han emitido al menos otras once sentencias de muerte y se espera que juzguen a decenas de personas más, incluidos menores de edad, por cargos que pueden conllevar la pena de muerte, denuncian grupos de Derechos Humanos.
Así, Human Rights Watch ha afirmado que se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y en todos los países porque es "intrínsecamente cruel e irreversible". "Las autoridades iraníes deben detener de inmediato estos juicios y anular las sentencias de muerte", reza el comunicado de la ONG.
Por su parte, la subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Diana Eltahawy, ha dicho que "la horrible ejecución pública de Rahnavard expone al aparato judicial de Irán como lo que es: una herramienta de represión que envía a personas al patíbulo para difundir miedo y vengarse de manifestantes que se atreven a alzarse ante el 'statu quo'".
"La ejecución arbitraria de Mayidreza Rahnavard menos de dos semanas después de su única vista judicial deja clara la extensión del asalto de las autoridades iraníes contra el derecho a la vida y su desprecio a incluso mantener una fachada de procedimientos judiciales significativos", ha lamentado.
Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que "adopte todas las medidas necesarias para presionar a las autoridades iraníes para que detengan las ejecuciones y retirar las sentencias de muerte", al tiempo que ha pedido que los estados hagan uso de la jurisdicción universal contra los sospechosos de cometer crímenes bajo el Derecho Internacional.
Amnistía ha denunciado que el "injusto" juicio contra Rahnavard consistió en una vista ante un tribunal revolucionario en la ciudad de Mashhad, donde fue imputado por "enemistad contra Dios", que acarrea la pena de muerte, tras supuestamente matar a puñaladas a dos agentes de la fuerza Basij.
Antes de la vista, los medios estatales iraníes publicaron vídeos del hombre dando su supuesta confesión por lo sucedido, si bien la ONG ha indicado que existen preocupaciones por posibles torturas para obtener estas declaraciones que finalmente derivaron en su condena.
La ONG ha resaltado que hay 20 personas "en riesgo de ejecución" en conexión con las protestas, entre ellas once que ya han sido condenadas a la pena capital y tres que han sido juzgadas y que podrían haber sido condenadas o habrían sido condenadas, sin que haya información pública sobre sus casos.
CONDENA DE EEUU
A las condenas se ha sumado el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, que ha dicho que Rahnavard "es la última víctima de la República Islámica". "Fue rápidamente ejecutado tras lo que sólo puede ser descrito como un juicio falso. Entendemos que fue ejecutado públicamente, que fue ahorcado en público", ha lamentado, antes de incidir en que se trata de "noticias horribles".
"El régimen ha detenido a miles de personas por su participación en estas protestas. Muchas hacen ahora frente a duras sentencias, incluida la pena de muerte en juicios falsos que carecen del debido proceso. Denunciamos en los términos más firmes este tratamiento draconiano", ha subrayado durante su rueda de prensa diaria. "Estas duras sentencias y ahora la primera ejecución en público están destinadas a intimidar al pueblo de Irán y suprimir las críticas", ha agregado.
Price ha recalcado que estas medidas "resaltan lo mucho que la cúpula iraní teme a su propio pueblo" y ha argumentado que "mientras la cúpula iraní continúa su campaña violenta contra manifestantes pacíficos, debe saber que Estados Unidos está mirando, que el mundo está mirando, y que se mantendrá la coordinación con aliados y socios de todo el mundo para hacer frente a los abusos de los Derechos Humanos por parte de Irán".
Los medios iraníes informaron el lunes de que las autoridades habían ejecutado en público a Rahnavard, de 23 años, por el presunto asesinato de dos policías. El acusado ha sido ejecutado 13 días después de que comenzara el juicio, motivo por el cual HRW critica que "no está claro cómo avanzó el proceso de apelación a ese ritmo".
Además, la semana pasada los medios anunciaron la primera ejecución de un participante de las protestas en Irán, Mohsen Shekari, de 23 años, investigado por herir a un agente de Policía y bloquear una carretera.
Las autoridades han emitido al menos 1.680 imputaciones en todo el país en relación con las protestas, según comunicados oficiales, mientras que grupos de Derechos Humanos estiman que más de 18.000 personas han sido arrestadas en el marco de las manifestaciones sociales.
Irán es uno de los países que utiliza la pena capital con mayor frecuencia, las cifras de organizaciones de Derechos Humanos estiman que más de 300 los ciudadanos ejecutados entre el 21 de marzo y el 12 de septiembre, recoge HRW.
