MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía colombiana ha empleado por primera vez la figura del delito de deforestación para realizar una imputación concretamente contra cinco personas por la destrucción de cientos de hectáreas en la región amazónica.
La Policía considera a estas cinco personas como miembros del Cartel de la Deforestación y estaba liderado por Marco Aurelio Quiroga Tovar, quien habría arrasado con 83 hectáreas de bosque en Bellavista, en el Parque Nacional Natural de la Serranía Los Picachos, entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Uribe (Meta), informa RTVC.
Según la investigación, ocho de las hectáreas afectadas fueron deforestadas durante los primeros días de 2022, acabando con la vegetación en esta área de especial protección para ampliar la frontera agrícola y preparar el terreno para la cría de ganado.
Además del cargo de deforestación, la Fiscalía ha imputado al procesado los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio.
Los otros procesados son Lisandro Suárez Atehortúa, quien habría acabado con 235 hectáreas de bosque en un terreno conocido como Nápoles, localizado en el Parque Nacional Natural Tinigua, en inmediaciones de La Macarena y La Uribe (Meta) y Audelo Granado Tovar, presunto responsable de la destrucción de 61 hectáreas para la cría de ganado, en el predio El Recreo, en el PNN Tinigua.
También Duivier Rodríguez Hernández ha sido señalado de deforestar 59 hectáreas en el predio El Paraíso, en la Serranía Los Picachos. Para el segundo ciclo de vacunación de 2021, este hombre informó de que tenía 268 cabezas de ganado en ese lugar y William Parada Gutiérrez, supuesto responsable de la deforestación de 52 hectáreas de bosque en el predio La Cabaña, ubicado en Tinigua.
Los jueces de control de garantías accedieron a imponer distintas medidas de protección en favor de los áreas afectadas como la prohibición a los procesados para ingresar a los Parques Nacionales Naturales en los que deforestaron, orden de retirar el ganado en tres meses y cancelación de los Registros Sanitarios Pecuarios.
