BRUSELAS, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es legal incluir las huellas dactilares en el pasaporte para combatir su falsificación e impedir el uso fraudulento en una sentencia publicada este jueves.
La sentencia se refiere al caso del ciudadano Michael Schwarz que solicitó al ayuntamiento alemán de Bochum que le expidiera un pasaporte, aunque este denegó su solicitud después de que rechazara que le tomarán sus impresiones dactilares.
La justicia alemana, a la que recurrió Schwarz por denegarle el pasaporte, ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una pregunta prejudicial para dilucidar si la normativa comunitaria de 2004 que obliga al solicitante de un pasaporte a facilitar sus impresiones dactilares y conservarlos en el pasaporte es compatible con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
El reglamento europeo prevé que los pasaportes dispongan de un dispositivo de almacenamiento que contenga dos impresiones dactilares y una imagen facial, pero dotado de fuentes medidas de seguridad y precisa que las impresiones dactilares sólo se pueden utilizar con el único fin de comprobar la autenticidad del pasaporte y la identidad de su titular.
Aunque la toma de impresiones dactilares y su conservación en el pasaporte constituyen una vulneración del derecho a la vida privada y a la protección de datos de carácter personal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro en su sentencia que estas medidas están justificadas en cualquier caso por su objetivo de proteger los pasaportes contra su uso fraudulento y por el interés general de impedir la entrada ilegal de personas en la Unión.
Para la justicia europea ni se desprende ni se ha alegado que estas medidas no respeten el contenido esencial de los derechos fundamentales y aclara que tampoco se le ha presentado ninguna medida existente suficientemente eficaz y que vulnere en menor medida estos derechos.
La tecnología basada en el reconocimiento del iris no alcanza el mismo grado y además su coste es más elevado y por tanto menos apto para su uso generalizado, según el Tribunal de Justicia de la UE.
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