BRUSELAS, 27 Nov. (Reuters/EP) -
El Gobierno keniano ha dado este viernes atrás en su amenaza de dejar el Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que varios países miembros le hayan dado garantías sobre el juicio por crímenes contra la humanidad a su vicepresidente, William Ruto, pero han advertido de que cualquier futura resolución adversa podría cambiar su decisión.
Ruto se enfrenta a cargos por crímenes contra la humanidad, por asesinatos, deportaciones y persecuciones étnicas durante las elecciones presidenciales de 2007.
El conflicto se ha resuelto finalmente cuando varios estados miembro han informado a Kenia de que no aplicarán de forma retroactiva, en el caso de Ruto, una nueva norma por la que el TPI podía usar las declaraciones de testigos retirados.
Kenia y sus aliados africanos llevan enfrentados con el tribunal y sus principales patrocinadores europeos desde que su presidente, Uhuru Kenyatta, fuera acvusado de cargos similares junto con Ruto cuando fueron elegidos hace dos años.
En un comunicado presentado este jueves por la noche, la ministra de Exteriores, Amina Mohamed, ha dicho que Kenia estaba satisfecha con las garantías que ha recibido de otros estados. "La buena fe, la cooperación y el respeto mutuo han triunfado hoy sobre el cinismo y los prejuicios", ha manifestado.
"Nuestra fe en el Estatuto de Roma se ha visto sido sacudida, pero quedará reforzada si los resultados de estas negociaciones reciben el visto bueno en la Corte", ha añadido.
Previamente, el Tribunal había anunciado que los jueces tenían capacidad para decidir qué testimonios pueden usar, lo que significa que podrían tomar una decisión con la que Kenia no esté de acuerdo.
El trato podría suponer un riesgo si Kenia se convirtiera en el primer país de los 123 de la corte que abandonara el tribunal global permanente de crímenes de guerra, lo que abriría un bache con Europa, al tiempo que el viejo continente busca aliados en Oriente Próximo y el Norte de África para combatir a Estado Islámico.
La Unión Africana y otras fuerzas han acusado al TPI de perseguir mayoritariamente a los líderes africanos, aunque esta acusación ha sido rechazada por la fiscal jefe de La Haya, Fatou Bensouda.
Sudáfrica, que también ha estado presionando al tribunal para una mayor libertad en la interpretación de las leyes, ha estado en conflicto con la institución desde el fallido intento de detención del presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, que visitó Johannesburgo (Sudáfrica) en junio.
Al Bashir ha sido acusado de genocidio, crímenes contra la Humanidad y de guerra durante el conflicto de Darfur, y tiene una orden de captura impuesta por el TPI desde 2009.
Los fiscales del TPI se vieron obligados a retirar los cargos contra Kenyatta, culpando de su fracaso a las interferencias políticas con los testigos, especialmente después de que llegara a presidente. Kenyatta ha negado estas acusaciones.
