EL CAIRO, 8 Ene. (Reuters/EP) -
El ministro de Asuntos Religiosos de Egipto, Mohamed Mjtar Gomaa, ha asegurado que las manifestaciones para conmemorar el aniversario de la revolución que puso fin al régimen presidido por Hosni Mubarak podrían ser violar la sharia (ley islámica) si terminan derivando en violencia, ha informado la agencia de noticias oficial Mena.
Gomaa ha lanzado este mensaje durante una reunión con altos cargos en su Ministerio, en la que ha subrayado que la prioridad es mantener la seguridad y la estabilidad. El ministro ha hecho referencia a un comunicado publicado por el gran mufti de Egipto, la máxima autoridad religiosa del país, en el que ha subrayado que cualquier convocatoria de manifestaciones para causar destrucción es "un completo delito y es ilegal de acuerdo con la sharia".
La revolución contra el régimen que presidía Hosni Mubarak, que comenzó el 25 de enero de 2011, se prolongó durante 18 días, con la esperanza de una nueva era de democracia y con mayores oportunidades económicas en un país dominado durante décadas por las Fuerzas Armadas y por las élites políticas y empresariales que les apoyan.
El Gobierno egipcio ha perseguido con dureza a los disidentes desde que en julio de 2013 el entonces jefe del Ejército, el general Abdelfatá al Sisi, se hizo con el poder mediante un golpe de Estado que puso fin al mandato del mandatario del país, Mohamed Mursi, el primero elegido en unas elecciones democráticas y libres desde que terminó la era Mubarak.
El movimiento islamista Hermanos Musulmanes, al que pertenecía Mursi y que fue ilegalizado por el Ejecutivo tras el golpe de Al Sisi, ha convocado manifestaciones masivas contra el régimen de Al Sisi para el 25 de enero, aunque no se prevé que pueda llenar las calles con las movilizaciones. La Hermandad ha subrayado su compromiso con la paz.
Grupos defensores de los Derechos Humanos han acusado a Al Sisi --que fue elegido presidente en unos comicios sin Hermanos Musulmanes tras el golpe de Estado-- y a su Gobierno de cometer abusos de forma sistemática, incluido la detención de unos 40.000 presos políticos y torturas, acusaciones que el régimen niega.
El Gobierno de Egipto sostiene que Hermanos Musulmanes y otros grupos como Estado Islámico representan una amenaza existencial para el país y que, por ello, debe acabar con ellos. Aunque el Ejecutivo ha logrado debilitar a la Hermandad, no ha conseguido frenar a los grupos islamistas que operan en la península del Sinaí.
Los milicianos de esta región han aumentado los ataques contra militares y agentes de la Policía desde el golpe de Estado contra Mursi, matando a cientos de personas en actos que el Gobierno define como terroristas.
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