MOSCÚ, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ruso ha restado importancia a la iniciativa anunciada ayer por Países Bajos para llevar el caso del barco de Greenpeace incautado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar como primer paso para liberar a 30 de sus tripulantes, detenidos por las autoridades cuando asaltaban una plataforma petrolera en el Ártico.
El viceministro de Exteriores, Alexei Meshkov, se excusó diciendo que Rusia había pedido en repetidas ocasiones al Gobierno holandés que "impidiera la actividad ilegal del barco".
De momento, el arbitraje del Tribunal solo afectaría al 'Artic Sunrise' --de bandera holandesa desde su adquisición por Greenpeace en 1995-- en el que navegaban los 30 activistas de la organización medioambiental, entre ellos dos holandeses, durante la protesta realizada en la plataforma.
El viceministro asegura que la protesta del grupo es "pura provocación" y mantiene que los activistas permanecen detenidos por piratería y por comprometer la seguridad de la plataforma.
"Dado que no se impidió esta provocación, somos nosotros quienes tenemos más preguntas que hacer a los holandeses que ellos a nosotros", aseguró Meshkov en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti.
En Rusia los delitos de piratería están castigados con penas de entre cinco y quince años de prisión. "Son unos cargos extremos y desproporcionados", ha declarado el director ejecutivo de Greenpeace International, Kumi Naidoo.
"Se ha presentado un cargo de piratería contra hombres y mujeres cuyo único delito es estar concienciados", ha proseguido. "Esto es un ultraje y representa nada menos que un ataque a los principios de la protesta pacífica", ha agregado.
Los cargos han sido presentados por un tribunal de la ciudad de Murmansk, en el norte, que ha ordenado que los 30 activistas permanezcan en prisión durante dos meses a la espera de nuevas investigaciones.
El Comité de Investigación ruso, organismo estatal responsable de la investigación de delitos graves, ya había informado el pasado 24 de septiembre de que había abierto una investigación por piratería contra los detenidos. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, admitió al día siguiente que los activistas no deberían enfrentarse a cargos de piratería, pero advirtió de que sí habían "violado el Derecho Internacional".
