GINEBRA, 11 Oct. (Reuters/EP) -
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha denunciado este miércoles que las "operaciones de limpieza" que está llevando a cabo el Ejército birmano para expulsar de forma violenta a los rohingyas del estado de Rajine ya habían comenzado antes de que se produjeran los ataques del 25 de agosto contra varios puestos de policía.
De acuerdo con un informe de la ONU basado en entrevistas con 65 rohingyas que han huido a Bangladesh en el último mes, las operaciones que está llevando a cabo el Ejército incluyen asesinatos, torturas y violaciones de menores, así como el incendio de viviendas, cosechas y aldeas para impedir que regresen a Birmania.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, --que ha descrito las operaciones del Gobierno birmano como un "ejemplo de manual de limpieza étnica"-- ha definido estas acciones como "una estratagema cínica para expulsar por la fuerza a un gran número de personas sin posibilidad de vuelvan".
Al Hussein ha asegurado que existe información fiable que indica que las fuerzas de seguridad birmanas "destruyeron deliberadamente" las propiedades de los rohingyas, quemando sus viviendas y sus aldeas enteras en el estado norte de Rajine, no solo para expulsar a la población de forma masiva sino también para impedir que las víctimas rohingyas que han huido regresen a sus hogares.
La destrucción de casas, campos de cosecha, cultivos, suministros de alimentos y de ganado que han llevado a cabo las fuerzas de seguridad birmanas --a las que en ocasiones se han unido "bandas" armadas de budistas de Rajine-- hacen "casi imposible" la vuelta de la población rohingya a su vida normal.
INDICIOS DE MINAS
La oficina de Derechos Humanos de la ONU cree que en aras de impedir el regreso de los rohingyas el Ejército birmano también puede haber plantado minas a lo largo de la frontera, ya que "hay indicios de que la violencia sigue produciéndose".
El informe ha señalado que las fuerzas de seguridad birmanas "dispararon indiscriminadamente a los ciudadanos rohingya, hiriendo y matando a víctimas inocentes, al tiempo que incendiaban sus viviendas". Entre las víctimas se incluyen niños y personas de avanzada edad que fueron quemadas hasta morir dentro de sus casas.
Un equipo de trabajo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, que se trasladó a la zona de Cox's Bazar (Bangladesh) en septiembre, se reunió con víctimas y testigos que corroboraron estas informaciones. Casi todos los testimonios han indicado que la población recibió disparos a quemarropa y por la espalda mientras intentaban huir ante el pánico.
Muchas de las entrevistas han señalado que para incendiar las viviendas se utilizó un "lanzamisiles" --que seguramente fuese un lanzador de granadas--. Además, el Alto Comisionado también ha denunciado la violación de niñas de entre cinco y siete años, muchas veces frente a sus familiares y en ocasiones llevadas a cabo de forma grupal por varios hombres "vestidos con uniformes militares".
El ministro de Bienestar Social, Socorro y Reasentamiento ha declarado que "de acuerdo con la ley, las tierras incendiadas se convierten en propiedad del Estado", lo que ha puesto de manifiesto que el Gobierno ya ha utilizado esta ley en ocasiones anteriores para impedir el regreso de desplazados.
