MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
El líder del principal partido opositor boliviano, Carlos Mesa, ha planteado este lunes un Acuerdo de Paz y Reconciliación que incluya una reforma de la Justicia, la destitución del fiscal general y los fiscales departamentales y juicios de responsabilidades a los expresidentes del país.
Mesa se ha amparado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que, ha subrayado, demostró violaciones a los Derechos Humanos en las gestiones de Evo Morales y Jeanine Añez durante 2019 y recomendó la reforma de la justicia.
Además, los juicios de responsabilidades son un "imperativo", aunque siempre que haya una reforma judicial porque realizar los enjuiciamientos con el actual sistema judicial implicaría un "linchamiento" o "garantía de impunidad".
Para la justicia, la propuesta de Comunidad Ciudadana es establecer una ley de independencia de la justicia o una reforma constitucional para modificar el sistema de preselección de los candidatos a magistrados.
Mesa ha dado un plazo de 90 días para lograr un acuerdo que tendrían que apoyar el Gobierno y los principales partidos políticos del país.
IMPUNIDAD
En respuesta, el diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo ha remarcado el "carácter político" de la propuesta y ha denunciado que "busca la impunidad" para los responsables de los hechos violentos de 2019.
"Hoy, el señor Carlos Mesa está buscando que se encubra y se busque impunidad por los hechos cometidos en 2019. Está buscando que no se haga justicia de los 37 muertos y los más de 1.500 perseguidos, heridos, detenciones ilegales, vejámenes, torturas, hechos de violencia psicológica y sexual", ha argumentado.
"Esta es una propuesta política que no coadyuva a mejorar la justicia. El señor Carlos Mesa está mostrando su miedo a las víctimas y al pueblo boliviano. Ya se demostró quiénes han participado de manera activa en el golpe de Estado, ahí va su miedo para escapar de la justicia y no asumir sus responsabilidades", ha añadido.
La expresidenta Jeanine Áñez se encuentra encarcelada, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y ahora también de genocidio por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019, calificada de golpe de Estado por Morales y el MAS.
