LONDRES, 29 Abr. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
Las víctimas de violación en Reino Unido tendrán que entregar sus teléfonos móviles a la Policía, según unas nuevas directrices que han generado todo tipo de críticas por la intromisión en la privacidad que supone y por el temor a que pueda implicar una condición 'sine qua non' para proseguir las investigaciones.
Un portavoz del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) ha defendido que las autoridades tienen la obligación de abrir todas las líneas de investigación posible y que siempre mediará consentimiento para un análisis limitado de los dispositivos. En concreto, el formulario plantea la extracción de datos del móvil.
Sin embargo, las voces críticas temen que, si alguien se niega a ceder su teléfono, la Policía archive las investigaciones, al tiempo que temen que las víctimas puedan sentirse doblemente señaladas o incluso disuadidas a la hora d acudir a las autoridades.
"Convertir esta petición en rutina probablemente va a crear una barrera para denunciar la violación", ha lamentado Rachel Krys, codirectora de la End Violence Against Women Coalition. El Partido por la Igualdad de las Mujeres ha subrayado que Twitter que "las víctimas de violación no deberían ser las juzgadas".
Las ONG se quejan del bajo nivel de condenas en casos de abusos sexuales y critican que se analice en los juicios aspectos como la actividad sexual de la mujer, su ropa o el alcohol que pudo haber consumido.
La Fiscalía anunció en enero de 2018 una revisión de los protocolos después de que varios casos quedasen archivados por los errores en la entrega de pruebas a los abogados de la defensa. Las autoridades judiciales han prometido una política más estricta sobre la gestión de pruebas.
La Encuesta sobre la Delincuencia en Inglaterra y Gales estima que un 20 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual a partir de los 16 años y que solo una exigua mayoría de los casos termina con una denuncia ante la Policía. Según la Fiscalía, el número de personas acusados por estos delitos cayó a 2.822 en el curso 2017-2018, un 25 por ciento menos.
