BANGKOK, 21 Dic. (Reuters/EP) -
La Policía de Tailandia ha anunciado este lunes que procesará a once activistas por reunión ilegal tras haber intentado organizar una manifestación para denunciar prácticas corruptas en la construcción de un parque ordenada por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de mayo de 2014.
El pasado 7 de diciembre, decenas de activistas estudiantiles fueron detenidos cuando intentaban organizar una protesta para denunciar la corrupción de la junta militar. Los jovenes fueron detenidos cuando viajaban a bordo de un tren.
La Policía y los militares arrestaron a los activistas antes de que pudieran manifestarse frente al parque Rajabhakti, una infraestructura que ha costa varios millones de dólares y que se levanta en la localidad de Hua Hun, al sur de Bangkok, para rendir homenaje a la monarquía. Los jóvenes fueron posteriormente puestos en libertad.
El parque ha provocado las críticas de quienes sostienen que ha habido corrupción y malversación de fondos públicos en su construcción, unas acusaciones que apuntan directamente a altos cargos de la junta militar que lidera el general Prayuth Chan Ocha.
Una investigación realizada por las propias Fuerzas Armadas llegó a la conclusión de que no había existido corrupción pero las acusaciones de malversación por parte de los grupos opositores y los medios de comunicación continúan desde hace semanas.
El portavoz de la Policía de Tailandia, el general de División Piyaphand Pingmuang, ha contado que sus agentes han interrogado a los activistas después de que la junta, que se presenta como el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, presentara una denuncia en su contra.
SOLICITAR LA LIBERTAD BAJO FIANZA
"Serán procesados y les investigaremos", ha asegurado el general Piyaphand, en declaraciones a la prensa. "Podrán solicitar la libertad bajo fianza pero si no pagan la fianza, serán detenidos", ha explicado el general.
Desde que la junta militar se hizo con el poder en mayo de 2014, los militares han restringido los derechos a la libertad de expresión y de reunión y han perseguido a los movimientos críticos con la gestión de las autoridades castrenses.
El caso del parque de homenaje a la monarquía y una investigación contra un grupo de personas que supuestamente insultaron a la institución han llegado en un momento en el que la junta castrense está intensificando la campaña para atajar las difamaciones contra la corona.
Además, estos casos llegan cuando el Gobierno está intentando reactivar la economía del país, la segunda mayor de la región del Sureste Asiático. "La junta está utilizando la legislación como una herramienta para propósitos políticos", ha denunciado Anon Nampha, abogado defensor de los Derechos Humanos y uno de los once activistas que serán procesados.
"Lo que hicimos era denunciar la corrupción y seguiremos haciéndolo porque es nuestro derecho. Nuestro propósito no era político", ha asegurado. La Policía ha dicho que los activistas tienen el derecho a ignorar en dos ocasiones los requerimientos de interrogatorios pero ha advertido de que emitirá órdenes de arresto si no se presentan en la tercera convocatoria.
