MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría de Colombia ha comunicado la apertura de una investigación preliminar al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la supuesta contratación de cuarenta personas para participar en las recientes protestas que desde finales de abril se celebraron en varias ciudades del país y que dejaron fuerte disturbios y decenas de muertos y cientos de heridos.
El informe de la Procuraduría se hace público después de que la Secretaría de Movilidad de Cali informara de la contratación de estos jóvenes para llevar a cabo labores de señalización y reparación de mobiliario urbano, como parte de los acuerdos alcanzado entre la Alcaldía y los actores sociales durante las protestas.
Sin embargo, el Ministerio Público colombiano cree que Ospina, de Alianza Verde, podría haber incurrido en "presuntas irregularidades" en la contratación de estos jóvenes, pues harían parte de la conocida como 'Primera Línea' el grupo de manifestantes que parapetados bajo escudos y máscaras antigás, han hecho frente a la Policía durante las manifestaciones.
La Procuraduría ha dado diez días a las autoridades de Cali, una de las ciudades más afectadas por la violencia generada durante las protestas, para explicar "las razones de hecho y derecho que originaron la decisión de contratar o vincular a la Administración con miembros de la 'Primera Línea' a la Alcaldía".
Por su parte, el alcalde Ospina ha dicho para Caracol Radio que desconoce que se haya abierto un proceso preliminar en su contra, pero ha defendido que "los temas sociales se deben resolver con inversión social".
"Que los jóvenes tengan trabajo es parte de la misión de una sociedad y a nadie le debe molestar que un joven sea empleado -que cumpla con los requisitos por supuesto-, que sea garantía de un buen servicio y garantía a la ciudad sin importar que sea de primera o quinta línea o de ninguna línea", ha dicho Ospina.
"Quienes animan a que investiguen a un alcalde por querer emplear a los muchachos creo que están equivocados y creo que no están haciendo las lecturas correctas de una sociedad", ha añadido Ospina, informa el diario 'El Tiempo'.
Entre el 28 de abril y el 15 de junio, el Gobierno del presidente, Iván Duque, se encontró con el malestar de una gran parte de la sociedad colombiana, que ocupó las calles para protestar, en un primer momento, por una reforma fiscal que consideraban afectaba a los clases populares.
Posteriormente, más demandas, entre ellas acabar con la impunidad de la violencia estatal, coparon unas protestas que dejaron numerosos y graves enfrentamientos entre policías y manifestantes, poniendo de nuevo sobre el tablón político colombiano la necesidad de una reforma de sus fuerzas del orden, acusados muy a menudo de vulnerar y violar los Derechos Humanos.
