MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi, ha criticado a las ONG, especialmente a la Fundación Helen Suzman por su demanda contra el Ejecutivo, ante la crisis desatada en el país por la decisión de no extender las exenciones otorgadas a los ciudadanos de Zimbabue.
Cerca de 180.000 ciudadanos procedentes de Zimbabue que tienen permisos de exención de Zimbabue (ZEP) para vivir y trabajar en Sudáfrica se enfrentan a la incertidumbre debido a la decisión de no renovar estos permisos, tomada a principios de año por el Departamento del Interior. Ante esta medida, la Fundación demandó al Ejecutivo por una decisión que consideraba "perjudicial".
El pasado 15 de junio, la ONG aseguró en un comunicado que a estas personas se las somete a una "elección desesperada", que es "permanecer en Sudáfrica como migrantes indocumentados con toda la vulnerabilidad que se atribuye a tal condición o regresar a un Zimbabue que, a todos los efectos, no ha cambiado del país del que huyeron".
"Hay una tendencia inquietante y creciente por parte de algunas ONG a sabotear las decisiones del Gobierno utilizando los tribunales. Este desarrollo debe ser cortado de raíz lo antes posible", ha dicho este martes el ministro sudafricano, por su parte, en un comunicado.
Así, ha recalcado que el país "se encuentra ahora bajo la dictadura de algunas de las ONG, algunas de las cuales tienen financiadores anónimos y dudosos". "Su objetivo final es ayudar a derrocar al Gobierno de turno del poder por todos los medios disponibles", ha agregado.
El pasado mes de noviembre, el Gabinete sudafricano anunció que los ZEP se cancelarían antes del 31 de diciembre de 2021 y, aunque si bien señalaron que no se expedirían más permisos, aquellos que sí los tuvieran actualmente en vigor contarían con una moratoria de doce meses para regularizar su situación.
Desde 2009, el Gobierno de Sudáfrica ha estado emitiendo permisos especiales para los ciudadanos del país vecino en un intento de las autoridades por regularizar la situación de miles de personas, que huían de la crisis política y económica.
El ministro de Interior de la época, Malusi Gigaba, dijo en 2009 que se trataba de un "gesto significativo de apoyo y solidaridad" con los ciudadanos de Zimbabue. Durante el tiempo en el que la medida estuvo activa, un total de 295.000 zimbabuenses solicitaron dicho permiso.
Según los datos oficiales remitidos por el Ministerio del Interior, actualmente hay un total de 178.412 nacionales de Zimbabue registrados con exenciones, tal y como ha recogido el portal de noticias News24.
