MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El director del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia del Ministerio de Seguridad del Gobierno en el exilio, Urgen Tenzin, denunció hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que las matanzas y torturas del Gobierno chino en el Tíbet continuaron durante el periodo de celebración de los Juegos Olímpicos.
En declaraciones a la prensa después de prestar declaración ante el magistrado Tenzin indicó que las manifestaciones "en contra de las políticas represivas" chinas han provocado la muerte de más de 100 personas y unos 6.000 arrestados. "Los detenidos son sometidos a torturas inhumanas", dijo y añadió que la situación no ha mejorado después de los Juegos Olímpicos.
Los denunciantes --el Comité de Apoyo al Tibet, la Fundación privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa-- aportaron hoy al juez un video en formato dvd en el que se recogen imágenes de los actos de represión.
El director del Centro Tibetano ha sido el primer testigo en declarar en la causa abierta por Pedraz el pasado 5 de agosto y dirigida contra el actual ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
Tenzin recomendó al magistrado que se desplace al Tíbet o la vecina India --donde suelen trasladarse los exiliados en su huída del país-- para verificar los datos aportados y tomar declaración de testigos presenciales de la represión. "Hoy en día es difícil obtener información fiable", añadió y destacó que las detenciones vienen generadas por el intento de los tibetanos de "defender sus derechos humanos básicos". "Espero que a raíz de esta querella haya justicia para el pueblo tibetano", agregó.
La declaración del responsable del Departamento de Seguridad del Gobierno tibetano en el exilio, también prevista para hoy, ha sido aplazada por problemas de agenda del testigo.
El pasado 5 de agosto Pedraz aceptó la competencia de la jurisdicción española para investigar los hechos al entender que podrían constituir "delitos de lesa humanidad contra la población tibetana". Según estas asociaciones querellantes, las autoridades chinas causaron "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".
"MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA"
Según los querellantes, los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.
En su escrito, les imputa "la supuesta acusación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
El instructor también solicita a los querellantes que aporten al juzgado la documentación de que dispongan sobre estos hechos y que identifiquen completamente y reseñen la filiación de los querellados.
SEGUNDA INVESTIGACIÓN SOBRE TÍBET
Al margen de la investigación de Pedraz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, tiene abierta una causa desde enero de 2006 contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet y en el Gobierno chino después de estas tres mismas asociaciones presentaran una querella por el genocidio supuestamente cometido a partir de 1950.
Además de Jiang, esta querella está dirigida contra el primer ministro durante la represión tibetana, Li Peng; los secretarios del partido Comunista en el Tíbet entre 1971 y 1980, Ren Rong, entre 1980 y 1985, Yin Fatang, y entre 1992 y 2001, Chen Kuiyan; el ministro de Planificación Familiar en los 90, Deng Delyun; y el jefe de Seguridad china y responsable de la Policía Armada Popular durante la represión de finales de los 80, Chen Kuiyan.
