BRUSELAS, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea inició hoy un procedimiento de infracción contra España y le pidió explicaciones que sustenten la decisiones de suprimir distintos puntos de la costa y los ríos entre 1991 a 2004, de manera que ya no están regidas por la directiva comunitaria que controla su calidad.
Bruselas informó mediante un comunicado de la carta de emplazamiento que envió a las autoridades españolas para pedir explicación por la supresión de 365 de las 535 zonas de agua dulce y 310 de los 2.136 de puntos de aguas costeras entre 1991 y 2004 por motivos que no llegaron nunca a especificarse.
En concreto, España ha excluido de su lista durante este periodo el 68,22% por ciento de las zonas de agua dulce que incluía la Directiva de Aguas de Baño y el 14,51% de las aguas costeras
Junto a España, otros diez Estados miembros -Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia- también tendrán que explicar a Bruselas por qué suprimieron zonas de la lista oficial de aguas de baño.
La Comisión Europea argumenta que sacar una zona de la Directiva de Agua de Baños, que obliga a los Estados miembros a controlar su calidad y evitar su contaminación, requiere una explicación aceptable y que en modo alguno debe basarse en motivos relacionados con la contaminación de las aguas, precisamente sobre la que incide esta ley comunitaria.
En este sentido, Bruselas teme que la decisión de excluir determinadas zonas de la directiva de Aguas de Baño se deba a que los Estados miembros optan por "cerrar las zonas de baño en lugar de sanearlas".
El comisario de Medio Ambiente, Stravros Dimas, aseguró que la directiva "está contribuyendo a garantizar que millones de bañistas puedan disfrutar de aguas limpias durante los meses de verano", manifestó la "inquietud" de la Comisión porque ciertos Estados miembros hayan dejado de aplicarla en las zonas excluidas y advirtió que "el hecho de no sanear zonas de baño contaminadas se opone tanto al espíritu como a la letra de esta directiva".
La carta de emplazamiento que fue enviada a España marca el inicio de un periodo de dos meses en el que el Gobierno tendrá que dar explicaciones que satisfagan a Bruselas. En caso contrario, se desencadenaría el segundo paso del procedimiento de infracción con el envío del dictamen motivado en el que la Comisión especificaría exactamente cual es la situación que se tiene que corregir.
Si este ultimátum no da resultado, el Ejecutivo comunitario emprendería la tercera y última fase del procedimiento con una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
