UE.- El Defensor del Pueblo insta a la CE a actuar contra las restricciones a una empresa de apuestas en Alemania

BRUSELAS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo de la UE, Nikiforos Diamandouros, instó hoy a la Comisión Europea a que actúe ante la queja presentada por una empresa alemana de apuestas deportivas, que se vio obligada a cesar su actividad a instancias del Gobierno, al considerar que este hecho va en contra de la libre prestación de servicios, y criticó que el Ejecutivo comunitario no haya sido capaz de tomar una decisión debido a que no ha alcanzando "un consenso político sobre cómo proceder".

Diamandouros criticó mediante un comunicado el retraso de la Comisión Europea en el análisis de la queja que interpuso en enero un suministrador de servicios de apuestas deportivas en Alemania, que denunció que el Gobierno le ordenó cesar su actividad, por lo que tuvo que cerrar su negocio.

En su opinión, "la Comisión no está autorizada para demorar indefinidamente una queja de infracción por razones de que es incapaz de encontrar un consenso político sobre cómo proceder". Por este motivo, "recomienda que gestione esta queja diligentemente y sin más retraso".

La queja fue presentada por un proveedor de servicios de apuestas deportivas asentado en Alemania que tuvo que cerrar su negocio después de que el Gobierno de este país le ordenara el cese de sus actividades. Denunció "una violación de la libertad para suministrar servicios en base al Tratado de la UE" y solicito a la Comisión que actuara contra Alemania.

El Defensor del Pueblo indicó que "la Comisión admitió que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre la queja de infracción" y citó al Ejecutivo comunitario al asegurar que "el asunto era políticamente muy sensible y el colegio de comisarios todavía no ha sido capaz de tomar una decisión".

Por este motivo, se dirigió a esta institución para demandar una resolución a la queja y también al Parlamento Europeo, donde sometió un informe especial sobre la denuncia de la empresa de apuestas, que constituye el décimo tercer documento de este tipo que el Defensor del Pueblo presenta ante la Eurocámara desde la creación de la institución, en 1995.