BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea decidió hoy abrir expediente contra España por no haber sometido a las obras de soterramiento de la M-30 a una evaluación global de impacto ambiental, lo cual supone una vulneración de la legislación medioambiental comunitaria.
Las autoridades españolas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, tienen ahora un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones, y si no convencen al Ejecutivo comunitario el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE, según informó la portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Bárbara Helfferich.
El Ejecutivo comunitario considera que las obras de la M-30 constituyen un gran proyecto único que debe someterse a una evaluación de impacto global, que debería analizar, entre otras cosas, sus efectos sobre espacios protegidos por la red Natura 2.000. Por ello, desaprueba la decisión del Ayuntamiento de dividir las obras en 19 proyectos y analizarlos de forma individualizada.
La apertura de un procedimiento de infracción podría bloquear el crédito de 1.500 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ya que estos fondos están sujetos al respeto de la legislación de la UE.
El Ayuntamiento de Madrid había justificado su decisión de no realizar una evaluación de impacto porque las obras se realizan dentro de una zona urbana. No obstante, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que también las obras urbanas deben someterse a evaluación de impacto y declaró por ello ilegal la construcción de un centro comercial en Paterna (Valencia).
El expediente de Bruselas tiene su origen en una queja presentada por la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, que ha sido también respaldada por el PSOE. El Parlamento Europeo ha decidido enviar una misión de eurodiputados para inspeccionar las obras sobre el terreno, aunque todavía no ha fijado las fechas.
