BRUSELAS, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno descarta pedir de nuevo que puedan usarse las lenguas cooficiales españolas en los plenos de la Eurocámara, según dijo el secretario de Estado para la Unión Europea, Alberto Navarro, en una entrevista concedida a Europa Press. La mesa del Parlamento aceptó el pasado verano que los ciudadanos españoles puedan comunicarse con esta institución en catalán, gallego y euskera, pero rechazó que los eurodiputados utilicen estas lenguas durante los plenos.
"Yo creo que este no es el momento de reabrir el debate", dijo Navarro, que destacó que lograr el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE fue "casi un milagro" y que todavía no se han cerrado los acuerdos administrativos con dos instituciones comunitarias, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, para llevarlo a la práctica. "Yo me quedaría ahí", señaló.
Admitió que al Gobierno le queda la "pequeña espina" de no haber conseguido que las lenguas cooficiales puedan usarse en los plenos de la Eurocámara pero dijo que "hubo que sacrificar" que 12 eurodiputados hablen en sus lenguas maternas en beneficio de que "12 millones de españoles puedan utilizarlas en las comunicaciones con el Parlamento Europeo".
Asimismo, el secretario de Estado para la UE subrayó que los parlamentarios de los países de la ampliación podrían haber bloqueado el avance de las lenguas cooficiales españolas porque muchos de sus idiomas todavía no pueden utilizarse con normalidad en la Eurocámara, algo que al final no sucedió, y agradeció el "excelente trabajo" del ex presidente, Josep Borrell, sin el que "no habríamos conseguido el acuerdo con el Parlamento".
Navarro aseguró comprender que exista un "sentimiento de discriminación" de las lenguas cooficiales españolas respecto al gaélico, que ha sido reconocido este año como lengua oficial de la UE. "Es obvio que hay muchos más millones de cataloparlantes en España que de hablantes del gaélico", dijo, aunque apuntó al mismo tiempo que el gaélico figuraba en el Tratado de adhesión de Irlanda del año 1972, sólo que Dublín había renunciado hasta ahora "voluntariamente" a pedir que ello tuviera efectos prácticos.
