BRUSELAS, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los países de la Unión Europea se han mostrado divididos sobre si mencionar explícitamente o no al Sáhara occidental en las negociaciones para un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, según han informado fuentes europeas, después de que la Eurocámara tumbara el actual por sus dudas sobre la explotación sostenible de los recursos y el respeto de los Derechos Humanos de la población saharaui.
Expertos de los Veintisiete se han reunido este viernes en Bruselas para estudiar la posición que propone adoptar la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, cuando reanude las conversaciones con Rabat. También han escuchado de la comisaria que las eventuales ayudas para la flota afectada por el fin del acuerdo actual podrán correr a cargo del Fondo Europeo de Pesca, a pesar de que no se conozca aún cuánto tiempo durará el paro.
Damanaki, que ya ha iniciado contactos informales con la otra parte, quiere negociar un nuevo régimen pesquero que incluya garantías legales, medioambientales y de rentabilidad económica, pero necesita el visto bueno de los gobiernos europeos para dar el paso.
La propuesta de mandato que Damanaki ha planteado a los Estados miembros habla de pedir a Marruecos "garantías de que cumple con las obligaciones del Derecho internacional que resultan de su administración 'de facto' del Sáhara occidental", han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
La mención explícita a la ex colonia española supone un problema para España y Francia, que han pedido cambios en el texto con el apoyo de la delegación portuguesa, han explicado las fuentes, porque una referencia explícita "va más allá de lo que el Parlamento Europeo" pidió en su resolución, en la que no mencionó al Sáhara occidental.
Por el contrario, Reino Unido, Países Bajos, Suecia y otros países tradicionalmente con reservas en los acuerdos pesqueros con Marruecos han subrayado su interés de que la referencia clara al Sáhara occidental se mantenga. En una línea similar se han colocado otras delegaciones, como la irlandesa y la alemana, al recordar que quieren recibir información adicional de la parte marroquí sobre el uso que dan a los fondos comunitarios antes de un nuevo acuerdo.
La cuestión del Sáhara occidental, cuya población denuncia la sobreexplotación de sus recursos y reclama que sean excluidos de cualquier acuerdo con Marruecos, es el punto más polémico en las relaciones pesqueras de la Unión Europea con el país magrebí. Pero no ha sido el único escollo, ya que los eurodiputados esgrimieron también dudas respecto a la rentabilidad económica del convenio pesquero y reclamaron garantías de pesca sostenible.
Con el compromiso de atender la petición de la Eurocámara, Damanaki ha trabajado en una propuesta que se asienta sobre tres ejes: medioambiental, económico y legal. Es una propuesta modificada porque inicialmente la comisaria intentó, sin éxito, contar con el apoyo del resto del Ejecutivo comunitario para pedir a los 27 negociar un acuerdo que dejara fuera las aguas saharauis.
Finalmente, Bruselas apuesta por un nuevo acuerdo para pescar únicamente el "excedente" que quede acreditado por informes científicos en los caladeros gestionados por Rabat, lo que implicaría revisar el número de barcos, el tipo de artes y las cuotas para la flota comunitaria.
También deja claro que la contrapartida económica por esta pesca debe ser revisada para ser "ajustada" a lo que realmente se captura y se incluirá una cláusula sobre Derechos Humanos y principios democráticos. Marruecos, además, deberá respetar el Derecho internacional e informar "con regularidad" del uso que da a los fondos europeos recibidos y de su impacto en las poblaciones locales.
Ante la falta de consenso en el seno de los Veintisiete sobre la posición que debe defender Damanaki en los contactos con Rabat, los expertos de los países de la UE retomarán el debate en dos semanas con el objetivo de lograr un acuerdo. Antes, la presidencia danesa de la UE recabará las opiniones de cada delegación para tratar de perfilar el consenso.
España es el principal valedor del acuerdo con Marruecos por sus intereses para la flota española y porque considera al país magrebí un socio estratégico de la Unión Europea. El veto ha afectado a 64 barcos españoles, aunque la UE cuenta con más de un centenar de licencias -en su mayoría canarias y andaluzas-- para operar en el marco del acuerdo.
El propio ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, viajó el pasado martes a Bruselas para pedir a Damanaki urgencia en los contactos con Rabat, de cara a cerrar un nuevo acuerdo. Arias Cañete cifró en unos 15 ó 16 millones de euros las ayudas que necesitará el sector si no se logra un nuevo convenio en el plazo de un año.
Por su parte, armadores y pescadores españoles y marroquíes han opinado que la situación del Sáhara occidental es un asunto "político" que no debe ser tratado en el marco de un convenio pesquero. Por ello piden que se retomen con urgencia las negociaciones y plantean "ajustes técnicos" en la flota para asegurar la rentabilidad del pacto.
