BRUSELAS, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea se prepara para conceder protección temporal a todos los desplazados ucranianos que lleguen a suelo comunitario huyendo de la invasión de su país por Rusia, tras constatar que hay un "inmenso" apoyo a activar la directiva creada para esta posibilidad tras la guerra de los Balcanes pero que el bloque no ha usado hasta la fecha.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha indicado que presentará una propuesta concreta el próximo jueves, en la reunión ordinaria de ministros de Interior de la UE que se celebrará en Bruselas, después de que los mismos ministros se hayan dado cita de manera extraordinaria este domingo para abordar la crisis ucraniana.
Según ha explicado la socialista sueca en una rueda de prensa, no todos los ministros han tomado la palabra cuando ha pedido agilizar la activación de este instrumento pero una mayoría relevante se ha pronunciado "a favor".
Corresponde a Bruselas presentar los detalles de la propuesta, por ejemplo la definición de los grupos que podrán disfrutar de la protección o el límite temporal durante la que se concederá, pero necesita el apoyo de una mayoría cualificada en el Consejo para que salga adelante.
Entre las dudas de "algunos" países es si el momento oportuno de activar la directiva o había que esperar, ha indicado la comisaria, sobre unas dudas que han expresado a su llegada algunas delegaciones.
En el caso de España, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la normativa comunitaria para la protección temporal está ya trasladada a la legislación nacional y añadido que el objetivo de la UE es cerrar en el encuentro del jueves detalles como los plazos de aplicación y otros. También ha apuntado el compromiso compartido en los Veintisiete en dar acogida a los refugiados, aunque los ministros no han avanzado en un mecanismo específico en la reunión de este domingo.
Sobre la protección temporal, el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, en una rueda de prensa junto a Johansson al término del consejo extraordinario, ha apuntado que se trabaja en una propuesta por tres años de protección, lo que en la práctica garantiza los mismos derechos en todos los Estados miembro durante ese tiempo, por ejemplo el derecho a trabajar, aunque no supone conceder el estatus de asiliado.
