UE.- La UE dará luz verde hoy a la Agencia Europea de Derechos Humanos

BRUSELAS, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Justicia de la Unión Europea darán luz verde hoy al reglamento que posibilitará la puesta en marcha de la futura Agencia Europea de Derechos Humanos, cuya sede estará en Viena en las actuales dependencias del Observatorio Europeo de Racismo y Xenofobia, organismo que pasará a formar parte de la Agencia.

El acuerdo será posible porque se ha rebajado el ámbito de actuación de la Agencia para superar así las reservas generales de algunos Estados miembros, recelosos con la idea de incluir entre sus competencias el área de cooperación judicial y policial. El consenso general de los Veinticinco es que dentro de unos tres años pueda revisarse el reglamento si las circunstancias han cambiado para darle más capacidad operativa.

El origen de la Agencia se sitúa en julio de 2005, cuando la Comisión Europea propuso a los Veinticinco crear una Agencia Europea de Derechos Humanos que apoyara a instituciones, organismos, funcionarios y agencias, tanto comunitarias como de los Estados miembros, en el respeto de los derechos fundamentales. Su actividad está relacionada con el capítulo VI del Tratado de la Unión, relativa a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Así, la Agencia debe recopilar información "objetiva, fiable y comparable" en el desarrollo de la situación de los derechos fundamentales, analizarla para comprobar si se han vulnerado estos derechos, ver sus consecuencias y efectos y analizar ejemplos de buenas prácticas en este terreno. No obstante, no tendrá capacidad para emitir dictámenes sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos en el seno de la UE.

Estará en todo caso facultada para formular opiniones a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros cuando apliquen la normativa de la UE, tanto a iniciativa propia como a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión Europea, sin interferir con los procedimientos judiciales y legislativos establecidos en el Tratado.

Además, deberá presentar un informe anual sobre Derechos Humanos que cubra todas las áreas de actividad de la Agencia y elaborar documentos monográficos sobre temas de particular interés para las políticas de la UE. El organismo colaborará estrechamente con el Consejo de Europa y tendrá que sacar a la luz cuestiones que sobre derechos humanos preocupan a los ciudadanos. Sin embargo, no podrá hacerse cargo de las quejas particulares de los europeos en este terreno.

El nacimiento de la Agencia con un limitado campo de aplicación tiene también mucho que ver con el hecho de que la Constitución europea no esté en vigor, porque el malogrado Tratado Constitucional prevé que la toma de decisiones en el ámbito judicial y policial no sea, como hasta ahora, por unanimidad sino por mayoría cualificada, facilitando así la adopción de medidas que en muchas ocasiones permanecen bloqueadas por un sólo país.

TRASLADO DE PRESOS

Por otro lado, los ministros darán también su visto bueno a una decisión marco que permitirá el traslado de presos entre Estados miembros, gracias a la aplicación del reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal.

El principio que deberá regir para efectuar el traslado del recluso de un centro penitenciario de un Estado miembro será, además del consentimiento del interesado, que se facilite su reinserción social, al permitir que el condenado cumpla su pena en el lugar más propicio para su rehabilitación debido a sus vínculos familiares, lingüísticos o culturales.

La regla general será que el traslado requiere el acuerdo tanto del condenado como del Estado al que será llevado, pero no se aplicará si el traslado se hace al Estado de nacionalidad que, además, sea también el de residencia, al entenderse que, en este caso, se dan ya objetivamente las condiciones más propicias para la reinserción.

Aunque para algunas delegaciones el resultado final del acuerdo no es tan ambicioso como cabría esperar, se ve no obstante como un avance respecto al convenio del Consejo de Europa, que era el marco jurídico que se venía aplicando hasta ahora.

Se considera, así, un primer paso hacia la construcción de un marco jurídico que en el futuro permitirá trasladar a los presos dentro de la UE de manera similar a como se hace dentro de un Estado miembro. El Gobierno estará representado en el Consejo del lunes por el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra.