SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los servicios sociales se han visto impulsados durante los dos últimos ejercicios y la inversión general, tras tocar fondo, parece comenzar a remontar hacia los niveles de 2010 por el esfuerzo realizado por los nuevos gobiernos de las comunidades autónomas y mientras el Estado se mantiene "en retirada".
En el caso de Canarias, junto con Comunidad Valenciana, es la única región donde menos del 5% de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del sistema de Dependencia. Asimismo, un 41,8% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir estas atenciones están en lista de espera.
Éstas son algunas de las conclusiones del Índice DEC que cada año presenta la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y que con datos oficiales de 2016, analiza la inversión y la calidad de la asistencia en todas las comunidades autónomas elaborando un ranking que permite observar tanto el volumen de gasto como la calidad del mismo en términos de oferta de servicios y prestaciones.
Según expone, el gasto público en la materia estricta de servicios sociales ascendió el año pasado a 17.051 millones de euros, con una distribución que mantiene las proporciones de años anteriores: el 13,2% la Administración General del Estado, el 25,2% las Entidades Locales y el 61,7% de las comunidades autónomas.
Indica que hasta 2016 se produce una reducción del gasto que parece haber tocado suelo en 4.300 millones de euros, cifra aún por debajo de los 5.160 millones que se destinaron en 2010. Mientras, las transferencias recibidas por las Entidades Locales para desarrollar servicios sociales procedentes de las comunidades autónomas se mantuvieron en torno a los 1.300 millones de euros y no sufrieron reducciones drásticas.
"En términos generales podemos afirmar que las restricciones presupuestarias severas se inician en 2011 y continúan hasta 2014, año en el que se inicia la recuperación de los niveles de gasto, de forma que probablemente en la liquidación de 2017 se recuperará el nivel de gasto del año 2010", prevé la organización.
Esto pese a las "tensiones" que afirma, sufren las Comunidades para financiar estos servicios. "Las transferencias finalistas estatales para la atención a la Dependencia sufrieron importantes recortes a partir del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio y desde entonces no se han recuperado. Mientras las Comunidades han tenido que abordar el despliegue de las atenciones a las personas en situación de dependencia además de atender a una buena parte de población muy castigada por la crisis", afirma.
Con todo, la asociación opina que considerando los recortes producidos en esos años en otras políticas de gasto "no se puede decir que los servicios sociales fueran los peor parados y a partir de 2014 se inició una recuperación que hizo que en 2016 ya se hubiesen recuperado los recortes incluso con la menor aportación finalista estatal".
En este sentido, denuncia que el Estado está "en retirada" pues a pesar de que algunos servicios sociales de obligada entrega (Dependencia) dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el país, la Administración General del Estado "ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales".
"Si a este panorama le unimos otros síntomas como la reciente retirada de la gestión de buena parte del 0'7% del IRPF (...) la acción del Estado en materia de Servicios Sociales es cada vez más residual, manteniendo únicamente como obligación, a todas luces incumplida, la financiación del sistema de atención a la dependencia, así como el Plan Concertado para cofinanciar estructuras básicas de servicios sociales", dice el informe.
PERSISTEN LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES
En cuanto a las comunidades, el trabajo explica que si bien en 2017 las diferencias territoriales "se amortiguan a nivel general", se siguen constatando brechas "que resultan extremas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios". Así, mientras en algunas comunidades más del 10% de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del sistema de Dependencia (Andalucía, País Vasco, Murcia, Castilla y León o en la Rioja), en otras es inferior al 5% (Canarias y Comunidad Valenciana).
En la misma línea, sólo el 1,4% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están en lista de espera en Castilla y León, mientras que en Canarias este porcentaje asciende hasta un 41,8%. Además, el 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras que en Murcia sólo lo recibe el 2,2%.
Otra de las diferencias que apunta el informe tiene que ver con las plazas residenciales. Si en Extremadura hay 4,5 plazas de financiación pública por cada 100 mayores de 65 años, en Galicia se ofertan 1,08 plazas. Además, en País Vasco hay 135,7 plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes. En Extremadura son 15,44.
Atendiendo al gasto de cada gobierno autonómico, País Vasco invirtió 611,8 euros por habitante en 2016 en servicios sociales, y Navarra, 600,37 euros, pero también hay varias comunidades de régimen común que superaron los 400 euros por cabeza: Extremadura, La Rioja y Cantabria.
Por contra, en Murcia fueron 262,39 euros y en Comunidad Valenciana, 251,16 euros por ciudadano y el gasto en Extremadura en relación a su PIB regional (2,737%) es tres veces superior al que supone en la Comunidad de Madrid (0,944%).
El informe advierte no obstante, de que gastar más no es sinónimo de hacerlo mejor. "Una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales", explica la Asociación.
De este modo, los territorios con una ratio más baja (excesivo gasto para la cobertura que ofrecen) han coincidido con aquellos en los que la organización presenta baja participación local en la gestión y entrega de servicios sociales: Extremadura, Asturias o Cantabria presentan índices de cobertura bajos (entre 3,4 y 4,0) para un esfuerzo económico muy elevado (entre 7,7 y 9,7).
"Es notorio que estas comunidades han desarrollado sus servicios sociales dando la espalda al nivel local, produciendo solapamientos, zonas de sombra e ineficiencias. En el otro extremo, territorios con alto protagonismo local en la gestión de los servicios sociales como Andalucía y Castilla y León ofrecen mejor cobertura para el esfuerzo económico que presentan", concluye el trabajo.
