Los expresidentes del Cabildo, Ricardo Melchior y Carlos Alonso, y el consejero regional de Justicia, Julio Pérez, entre los investigados
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife ha aceptado la inhibición del Juzgado de Instrucción numero 3 de La Laguna en el conocimiento de la denuncia de la Fiscalía por la presunta compra ilícita de terrenos propiedad del Club Deportivo Tenerife en el barrio lagunero de Geneto y ha acordado la apertura de diligencias previas.
En un auto fechado a 9 de febrero, la autoridad judicial acuerda citar declarar como investigados a los expresidentes del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior y Carlos Alonso; al exconsejero del Cabildo de Tenerife, Antonio García Marichal; a la exdirectora del Instituto Canario de Vivienda y exconsejera del Cabildo de Tenerife, María del Pino León Hernández; al actual director regional de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado Sánchez; al exdirector de la Fundación Starlight (dependiente del Astrofísico de Canarias) Luis Antonio Martínez; al exdirector del Servicio Canario de Empleo y concejal en La Laguna, Sergio Fernando Alonso; al actual consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y exprimer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Julio Pérez; al exdirector insular de Innovación del Cabildo de Tenerife Juan Antonio Núnez, y al letrado de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico, José Luis Luengo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informa de que la autoridad judicial aprecia indicios de que en el año 2012 los investigados, en su condición de miembros del Consejo de Administración del Parque Científico y Tecnológico, podrían haber participado en dos delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del mismo texto en el marco de la compra de los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife en Geneto, "por lo que procede dirigir el procedimiento frente a los mismos y practicar cuantas diligencias fueran necesarias para determinar y concretar tales datos".
Según la investigación de la Fiscalía, la empresa pública que adquirió los terrenos por casi 20 millones de euros, un precio que superaba en un 524% su valor catastral.
La resolución judicial es susceptible de recurso de reforma y subsidiario de apelación.
