Canarias mantendrá la prestación de la renta ciudadana mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha presentado este miércoles el anteproyecto de ley de la Renta de Ciudadanía Canarias que, dijo, se mantendrá mientras "subsista la situación de pobreza y exclusión social".

El anteproyecto, indicó, pasará la semana que viene al Consejo de Gobierno y, posteriormente, al Parlamento de Canarias para su tramitación, donde se espera que entre en junio de 2021. Santana señaló que con la presentación del mismo el Gobierno regional cumple su compromiso "desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores", así como apuntó se cumple con el Estatuto de Autonomía y "con la ciudadanía canaria".

De todos modos, Santana expuso que lo que presenta es un borrador del anteproyecto de Ley que espera entre en junio de 2021 en el Parlamento para su debate y aprobación posterior, por lo que si se cumplen los plazos "las familias podrán contar con esta ayuda a partir del cuarto trimestre del próximo año".

Así, se refirió a dos cuestiones "importantes" de esta propuesta, tales como son que la prestación "se mantendría mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social", así como que las cuantías de la misma que se equiparan a las del Ingreso Mínimo Vital, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Santana explicó que la renta de ciudadanía es una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible, con carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social.

En cuanto a la cuantía mensual, dijo, se determinará por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.

Asimismo, apuntó que se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social, así como se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en el anteproyecto.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronado durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.

Por otro lado, matizan que el anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a algunos de los requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables, tales como mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

La consejera también explicó que el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia, de tal forma que existe la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes; y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

Añadió que también reconoce tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

SOLICITUD TELEMÁTICA PARA SIMPLIFICAR

El anteproyecto también recoge que con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la renta, la persona interesada la presentará de manera telemática, podrán ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática, aunque también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. En cuanto al derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso.

En relación al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía. El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

El texto, que salió a información pública el pasado 9 de noviembre, se puede consultar en el enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/in...