SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El CCN valora positivamente la iniciativa del Partido Popular presentada en el día de ayer por su secretario regional, Manuel Fernández, y su presidenta insular, Cristina Tavío, de elevar al Pleno del Parlamento una proposición no de ley, PNL, para modificar el límite de 400 habitantes ó 12.000 metros cuadrados edificados por hectárea estipulado en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales, aunque prefiere que se cambie la ley por decreto legislativo del Gobierno canario, informa el partido en una nota de prensa.
El CCN cree que "ha llegado el momento de pasar a la acción y dar un paso más, y no seguir discutiendo", ahora en el Parlamento, sobre el Régimen Jurídico de las edificaciones fuera de ordenación por lo que, Ignacio González propone directamente la modificación mediante decreto legislativo del Gobierno de Canarias, del artículo 44, en su apartado 4 B, del decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Ignacio González estima que "esta vía es la más rápida para conseguir que se equipare, con claridad, el régimen jurídico de los edificios fuera de ordenación a los que queden ordenados por los planes municipales".
No obstante, los centristas creen "interesante que se abra el debate sobre la necesidad de construir en altura en vez de seguir comiéndonos el territorio", por lo que apoya la iniciativa del Partido Popular de modificar al alza los parámetros de densidad recogidos en la Ley del Territorio.
Los centristas creen que la solución definitiva a la polémica suscitada con la aprobación del Plan General de Santa Cruz, pasa por la equiparación jurídica de las edificaciones legales fuera de ordenación debido a la altura, y las incluidas en la ordenación del nuevo planeamiento.
El Centro Canario Nacionalista presentará una moción ante el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, para que éste se dirija al Gobierno de Canarias para que apoye la modificación de la Ley del Territorio en el sentido propuesto.
