SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos (C's) presentará una moción en todas las administraciones en las que tiene representación para que se destinen los 160 millones del extinto IGTE a sanidad, educación y políticas sociales al entender que "se han prometido cosas que no se van a poder realizar", y ha pedido que se abandone "la lucha insular y que de una vez se trabaje con criterios regionales".
La moción pretende primero que se elabore en cada institución un informe jurídico sobre la naturaleza de los fondos; que se inste a la Fecam y a la Fecai a que de forma conjunta pidan al Gobierno de Canarias los fondos del bloque de financiación canario, en cumplimiento con el pacto alcanzado en 2002.
Por último, plantean que sea cual sea el modelo para gastar esos fondos, los municipios reciban al menos una inversión equivalente a la que le corresponde según la ley de financiación de haciendas territoriales de Canarias.
En rueda de prensa, la portavoz de C's en Canarias, Melisa Rodríguez, ha lamentado el "estado de confusión" que está generando el Gobierno canario con el reparto de los fondos del extinto IGTE, pues acusa al Ejecutivo de "cambiar el discurso y los criterios según con quién se reúna y sin seguir ningún criterio técnico".
Melisa Rodríguez ha asegurado que la Comunidad Autónoma no recibirá los 160 millones del IGTE hasta que no haya un nuevo Gobierno, dado que estos fondos "aparecen en los Presupuestos Generales del Estado y su modificación no se puede hacer con un Ejecutivo en funciones".
En líneas similares se ha expresado el economista y coordinador de C's por Santa Cruz de Tenerife, Mariano Cejas, quien ha indicado que la citada compensación "necesita de cambios legislativos que actualmente no se pueden hacer", y apunta que el Ministerio "tan sólo ha hablado de suspender este fondo en 2016, por lo que no cabría proyectos e inversiones a largo plazo".
Mariano Cejas ha precisado que el dinero de la compensación pertenece al bloque de financiación canario, por lo que un 58% sería para las administraciones locales e insulares y un 42% para el Gobierno regional, y luego se repartiría a su vez en función de la población (87,5%), la isla (10,5%) y la superficie (2%). No obstante, aclaró que por el pacto de 2002, los cabildos y ayuntamientos tendrían derecho a un 70% de compensación.
La delegada de grupos institucionales en Canarias, Teresa Berástegui, ha demandado que se otorgue a los ayuntamientos y cabildos los fondos que le corresponden, porque "no se puede compartir que este tema se utilice para el aprovechamiento político, y menos aún para generar expectativas de inversiones y empleos con tanta falta de rigor y seguridad jurídica".
