SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El actual Patronato de la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan) ha formalizado definitivamente esta mañana el procedimiento concursal en el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, ante la situación de insolvencia en la que se encuentra.
Precisamente hoy se cumplen cuatro meses desde que el Patronato inició el trámite en el Juzgado, según informó en un comunicado.
"El primer contratiempo con el que se encontró el actual Patronato, que tomó posesión el día 1 de julio de 2009, fue el desconocimiento de la realidad económica y financiera debido a que la anterior dirección de la Fundación no efectuó la obligada dación de cuentas", relató el Patronato.
Debido a esta situación, el Patronato requirió notarialmente a la anterior dirección para que subsanara las deficiencias observadas, sin haber obtenido ningún resultado.
Por todo ello, el Patronato tomó la decisión de realizar una auditoría externa, que se ha retrasado hasta la fecha actual debido a la desaparición de la contabilidad. Para solventar esta situación, se concertaron los servicios de un grupo acreditado de contables externos recomendados por el propio auditor a efectos de "reconstruir" las cuentas de los ejercicios 2007, 2008 y primer semestre de 2009.
SALDOS FICTICIOS
Tras la "reconstrucción" de las cuentas, se observó, según informa, que las anteriormente existentes arrojaban "saldos ficticios ligeramente positivos, cuando en realidad contenían una deuda subyacente que, en el ejercicio de 2007, superaba ya los cinco millones de euros".
Además de todo lo anterior, con el transcurso del tiempo, se han venido produciendo requerimientos de deudas por parte de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de varias entidades bancarias.
Todos estos acontecimientos han impedido la negociación previa con los trabajadores de Fundescan y los acreedores, antes de la formulación del concurso.
A LOS TRIBUNALES
Por otro lado, también hoy se han puesto todas las actuaciones, incluida la auditoría mencionada, en conocimiento de la Fiscalía, dada la gravedad de los hechos.
Con esta notificación se pretende dirimir, en su caso, responsabilidades, por si algunos de los hechos pudieran ser constitutivos de delito contra la Hacienda Pública.
