Sostiene que el documento cuenta con aportaciones del conjunto de las Consejerías y del consenso de las organizaciones empresariales y sindicales
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado, en su reunión de hoy en Las Palmas de Gran Canaria, solicitar al Consejo Consultivo de Canarias dictamen sobre el proyecto de Decreto por el que se establecen medidas de simplificación, reducción de cargas en la tramitación administrativa y racionalización de los procedimientos administrativos en la administración pública de la Comunidad Autónoma.
Este proyecto de Decreto supone "un salto cualitativo y cuantitativo en este ámbito de actuación, ya que además de culminar el proceso de modificaciones iniciado tras la aplicación del Acuerdo sobre las Medidas de Choque, de septiembre de 2008, propone medidas concretas de reactivación e impulso de la actividad económica", anunció hoy el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero.
Respecto a las actuaciones en materia de reactivación e impulso de la actividad económica, el proyecto propone medidas concretas de simplificación en materia de contratación, inversiones de interés autonómico, implantación de nuevas actividades económicas, empresariales o profesionales y subvenciones del servicio canario de empleo.
RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO
En concreto, se declara que concurren Razones de Interés Público, con la consecuencia de la aplicación automática de la tramitación urgente, para los expedientes de contratación relativos a contratos de obras, concesión de obras públicas, los de colaboración entre el sector público y el sector privado y los contratos de servicios en materia de telecomunicaciones, informática y servicios conexos, y servicios de investigación y desarrollo, por entender que son estos contratos los que implican más inversión y una mayor creación de empleo.
También se regulan las Inversiones de Interés Autonómico, que se definen como las declaradas por el Gobierno de Canarias por tener una especial relevancia para el desarrollo económico y social en el ámbito territorial de Canarias. Las circunstancias de desaceleración y crisis económica exigen la creación de este instrumento, que permitirá que importantes proyectos de inversión en Canarias tengan un impulso preferente y rápido potenciándose, consecuentemente, la creación y generación de empleo.
Asimismo, se establece la Declaración Responsable de Inicio de Actividad, que permitirá al empresario iniciar directamente su actividad sin necesidad de tener que esperar a las autorizaciones o licencias de la Administración. Por acuerdo de Gobierno se deberá determinar qué actividades económicas, empresariales o profesionales deben ajustarse a este procedimiento.
Finalmente, se determina el plazo máximo de tres meses para dictar y notificar resolución expresa en el correspondiente procedimiento en materia de agilización de las subvenciones tramitadas por el Servicio Canario de Empleo.
NUEVO MARCO NORMATIVO Y ADMINISTRACIÓN MENOS COSTOSA
El citado proyecto surge, por tanto, de la necesidad de promover la implantación de un nuevo marco normativo que posibilite una profunda transformación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, "dirigida a responder a las necesidades de los ciudadanos que reclaman una administración cercana e implicada con la realidad económica y social de Canarias", según el Ejecutivo regional.
La administración subraya que este proyecto de Decreto es "el resultado del compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias de ofrecer un servicio público eficaz y eficiente orientado al ciudadano, así como una administración pública menos costosa, mediante la eliminación de trámites innecesarios y la simplificación de procedimientos, donde se reduzca la documentación que tiene que aportar el ciudadano y los plazos de resolución de los procedimientos".
También se pretende, con esta iniciativa, una administración "moderna y transparente", cuyo fin sea conseguir los objetivos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Las medidas incorporadas a este proyecto de Decreto, impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, han sido aportadas por el conjunto de las Consejerías autonómicas y "cuentan con el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales, que también han realizado algunas aportaciones", concluye el Ejecutivo regional.
