LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha decidido tomar en consideración una modificación de la normativa de los centros privados de atención a dependientes que operan en las islas, vinculando su autorización administrativa a la comprobación efectiva de que cuentan con las garantías suficientes.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha pedido dictamen del Consejo Consultivo de Canarias respecto al proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios, de ámbito privado.
"El reglamento que se aprueba persigue igualmente adaptarse al nuevo marco de relaciones introducido por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, simplificando y racionalizando los procedimientos con el objeto de facilitar la libertad de establecimiento de las empresas", ha explicado el Gobierno de Canarias en un comunicado.
Para el Gobierno la entrada en vigor de la Ley de Dependencia 39/2006, del 14 de diciembre, "ha generado la necesidad de replantear la ordenación de los centros y servicios sociales, determinando el sometimiento de los mismos a un régimen de autorización administrativa y de acreditación para garantizar unos estándares de calidad adecuados en la prestación de servicios específicos a personas dependientes".
El Reglamento regula, entre otros aspectos, el Régimen de autorización y comunicación (declaración), el Funcionamiento de los centros y servicios, su acreditación, los Regímenes especiales de autorización y acreditación, así como el Registro de centros y servicios que actúen en el ámbito de la dependencia y la inspección de los mismos.
