El Gobierno eleva al Consultivo la creación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno acordó este viernes, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, pronunciarse a favor del proyecto de decreto para la creación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes de su debate político y aprobación definitiva en el Parlamento autonómico.

Elevado a consideración del Gobierno por la consejera Elena Máñez, el expediente tramitado asume las nuevas competencias en derecho de la competencia por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía tras su reforma en 2018, tras los necesarios estudios a lo largo del actual mandato.

De hecho, la Ley Orgánica 1/2018 atribuye a la comunidad autónoma, en su artículo 120.1, "la competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Canarias" y, en el 120.2, "la competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio del archipiélago".

Y además del reconocimiento legal de las nuevas atribuciones, el reciente Estatuto incluye, en el artículo 120.3, la "creación un órgano especializado de defensa de la competencia con jurisdicción en todo el archipiélago, cuya actividad se coordinará con los previstos en el ámbito estatal y comunitario europeo".

En este contexto, el proyecto define al Consejo Canario de Defensa de la Competencia como un órgano colegiado de la administración autonómica, adscrito a la consejería competente en política económica, que ejerce sus diversas atribuciones tanto con independencia, objetividad y profesionalidad como sin sujeción a vínculo jerárquico, recoge una nota del Ejecutivo.

En concreto, como fines asignados figuran la promoción y preservación del correcto funcionamiento del mercado canario, con el objetivo fundamental de garantizar su funcionamiento transparente y competitivo en interés general de la comunidad autónoma y beneficio de los personas consumidoras y usuarias en el archipiélago.

Para ello, el texto propuesto también regula la composición y funcionamiento del futuro órgano mediante tres miembros (presidencia y dos vocalías más secretaría) con nombramiento por el Gobierno de Canarias entre profesionales de prestigio con 10 años de ejercicio para un mandato de cinco años con posibilidad de reelección para otro lustro.

Tras incorporar 80 aportaciones de los informes requeridos a las autoridades de la competencia tanto estatal como autonómica y a los diferentes departamentos de la administración canaria, el proyecto de decreto se estructura en cuatro capítulos con 15 artículos, además de cuatro disposiciones adicionales y dos finales.