SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Salud de Intersindical Canaria, ha acusado, en un comunicado, a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, de "privatizar" la interrupciones voluntarias del embarazo en el Archipiélago.
Han argumentado, en este sentido, que el área que lidera la popular delega en los directores de las áreas de salud del Servicio Canario de la Salud, el ejercicio de las facultades para actuar como órgano de contratación en los conciertos, mediante contrato menor, para esta prestación sanitaria .
IC ha explicado que según la conocida como Ley del Aborto los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en la misma.
En este sentido, desde la Federación de Salud de Intersindical Canaria se ha exigido que se garantice esta posibilidad dentro del dispositivo sanitario público canario pues en su opinión no existe razón alguna para la privatización recurriendo a la sanidad privada-concertada como se ha publicado en el BOC el pasado 6 de julio de 2010.
IC ha informado además que el nivel de ocupación en las plantas de los hospitales públicos canarios, encargadas de prestar esa asistencia no sobrepasa el 75 por ciento anualmente, "por tanto hay camas y recursos para prestar esa asistencia directamente, máxime cuando son intervenciones que en gran parte pueden ser programadas, se trata de una cirugía menor y los quirófanos no están funcionando al cien por cien de su capacidad".
El sindicato ha insistido además que existe una orden de la Consejería en la que se nombran comités clínicos para este servicios en el Hospital Universitario de Canarias, el Universitario de Candelaria en Tenerife y en el Materno Infantil de Gran Canaria compuestos por dos médicos y un pediatra y que contará con un abogado nombrado por la gerencia del hospital.
LOS DATOS
La cifra de abortos en los hospitales públicos rondan los 5.000 anualmente, la mayoría mujeres entre los 25 y 29 años. Con una tasa de abortos de 10 por cada 1.000 mujeres en las Islas y que continua en crecimiento, un 61,29 por ciento más, en el cuatrienio -2004 al 2008-, según datos presentados por IC.
La propia Consejera de Sanidad ha cifrado, según el sindicato, en cinco millones de euros el coste que para Canarias va a tener la aplicación de los dos nuevos decretos que regulan la Ley del Aborto, denunciamos que el coste es cero, si se hace en el dispositivo sanitario público y no en el privado concertado.
"Es inaudito que la Consejera de Sanidad critíque la nueva Ley del Aborto en consonancia con las tesis de su partido, el Partido Popular, pero a la vez posibilita una nueva privatización, donde aparca sus ideas, en un claro ejercicio de cinismo político", concluyeron desde la Federación de Salud de IC.
