ARRECIFE (LANZAROTE), 30 May. (EUROPA PRESS) -
El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, en Lanzarote, ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el ex concejal de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, por un presunto delito de cohecho --dentro de la llamada 'Operación Unión', que investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en la isla--, según indicaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que acaba que confirmar la decisión del juez, indicó anoche en un comunicado que Rodríguez estuvo prestando declaración ante el magistrado durante la pasada madrugada, mientras que también durante la noche se decretó prisión comunicada y sin fianza para el ex primer teniente de alcalde del municipio, Ubaldo Becerra; y para el asesor del Patronato de Turismo, Matías Curbelo; ambos por su presunto delito de cohecho.
Estas acciones se han llevado a cabo dentro de la llamada 'Operación Unión', que investiga un supuesto caso de corrupción urbanísticas en Arrecife, con posibles ramificaciones en otros municipios de la isla como el de Yaiza, donde también --del mismo modo que pasó en la capital de la isla-- tuvieron lugar diferentes registros durante la semana.
La operación la siguen realizando miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas. La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.
Por otra parte, el presidente honorífico del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, prestará hoy declaración ante el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, después de ser trasladado desde la cárcel de Tahíche.
Martín, actual presidente honorífico del partido, ha vuelto recientemente a la cárcel de Tahíche, después de que el pasado 6 de mayo un juez le retirara el tercer grado penitenciario por no haber hecho frente a los 2,4 millones de euros de responsabilidad civil al que fue condenado por un delito de malversación de caudales públicos y delitos contra Hacienda y la Seguridad Social.
