LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está a la espera de los resultados de los informes técnicos sobre Emalsa para ver si sanciona a la compañía respecto al exceso de boro en el agua de la capital, después de que las autoridades sanitarias decretaran ayer la suspensión de la prohibición de consumo del agua de abasto, según puso hoy de manifiesto el alcalde, Jerónimo Saavedra, durante una rueda de prensa.
"El Consistorio ha planteado lo que tiene que plantear, ha establecido las consultas y ha solicitado los informes técnicos para ver si procede poner en marcha algún expediente o alguna decisión en relación con Emalsa. En este momento no tenemos todavía la conclusión de esos estudios", dijo.
Por su parte, las autoridades sanitarias decretaron el levantamiento de la restricción al agua de consumo humano en Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, Emalsa formalizó la solicitud ante de la Dirección del Área de Salud apoyada en un exigente programa de autocontrol que asegure la consolidación de los buenos resultados analíticos de los dos últimos meses, a la que Sanidad ha dado luz verde, según informó la empresa en un comunicado.
"Tras meses de intenso trabajo en las instalaciones de Piedra Santa, los trabajadores de las plantas desaladoras de Emalsa han adelantado y culminado con éxito el plan de trabajo para la mejora de los niveles de concentración de boro inicialmente planificado para el periodo 2009-2010. Se han presupuestado 1,7 millones de euros para la adecuación de las instalaciones, en su mayor parte invertidos en la sustitución de más de 2.600 membranas por nuevas de última generación ecoeficentes y de alto rechazo al boro", indicaron.
Respecto a una posible subida de precio del agua por parte de la compañía, Saavedra recordó que el Ayuntamiento tiene la facultad de autorizar o desautorizar dicho aumento. "Normalmente --añadió-- todas las empresas que tengan precios controlados, lo mismo sean taxis que electricidad, que agua, pues periódicamente tratan de modificar las tarifas en función del coste de la vida".
"Debo dejar claro que no tiene nada que ver el boro con las tarifas, como he visto recientemente. La tarifa de la tasa de depuración de agua fue aprobada en un pleno del mes de febrero. No ha sido válido porque los funcionarios correspondientes computaron mal el plazo de 30 días hábiles para entrar en vigor omitiendo que había un mes que no tenía 30 días", dijo.
