El Parlamento de Canarias convalida el decreto de vivienda con el rechazo de PSOE y NC-BC

Luis Campos (NC-BC) alerta de visos de inconstitucionalidad y Patricia Hernández (PSOE) lo ve un "disparate" que favorece a los constructores El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles, con el apoyo de CC, PP, Vox, ASG y AHI, y el rechazo de PSOE y NC-BC, el decreto del Gobierno de medidas urgentes en vivienda que no será tramitado como proyecto de ley. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha señalado que "había que hacer algo más" porque el plan canario de vivienda es "insuficiente", con solo 2.000 viviendas planificadas. Ha dicho que el decreto trata "hacer cosas distintas" y facilitar la disponibilidad de suelo, la construcción de vivienda protegida, simplificar trámites administrativos, transformar locales y oficinas en vivienda, reconvertir edificios terciarios en viviendas dignas o terminar viviendas inacabadas "y sin consumir más suelo del planificado". El consejero ha criticado la "falsedades y medias verdades" de algunas fuerzas de la oposición pues el decreto "no vulnera la autonomía local" ni es un "golpe de estado", defendido por el Consejo Consultivo y la propia Fecam. En todo caso ha explicado que "no es el punto y final" de la política de vivienda pues va a haber un programa para actuar sobre las 20.000 viviendas vacías que hay en las islas y se va a recuperar el de 'hipoteca joven'. El objetivo, ha apuntado, es incentivar a que el sector privado construya vivienda pública. Patricia Hernández (PSOE) ha cuestionado el "cuajo" de Rodríguez al atacar al anterior Gobierno cuando "no construyó ni una vivienda" entre 2015 y 2019 y ahora cree que al nuevo Ejecutivo se le "ve el plumero" porque el decreto no va a mejorar la emergencia habitacional dado que no regula precios, no pone límites al alquiler vacacional ni pone viviendas vacías en el mercado. Ha señalado que los constructores "aplauden con las orejas" el nuevo decreto porque van a "hacer negocio" y ha echado en falta a la Consejería no hacer un buen diagnóstico de la situación. "No priman el interés de los vulnerables", ha comentado. En su opinión, el Gobierno trata de "enterrar las leyes y los planeamientos" con un "disparate" pues se puede construir vivienda a costa de equipamientos públicos y "favorecer a los de siempre". Raúl Acosta (AHI) ha mostrado el apoyo de su grupo al decreto porque se ha actuado "rápido" para tratar de buscar soluciones al problema de la vivienda, subrayando que tanto cabildos como ayuntamientos están "cómodos" con la norma, que permite actuar con instrumentos "extraordinarios". "No deberíamos ralentizar este proceso", ha señalado, de ahí que se oponga a su tramitación como proyecto de ley. Melodie Mendoza (ASG) ha dicho que todos los grupos deben hacer aportaciones al decreto, que sirve para "paliar" la "difícil situación" que se sufre en el mercado de la vivienda tras muchos años de "escasa gestión". Ha indicado que el decreto ha pasado el filtro del Consejo Consultivo si bien hay "controversia" por un voto particular que entiende que hay dos artículos inconstitucionales, al tiempo que ha tildado de "injusto" que no se reconozca el trabajo que hizo el Gobierno anterior con la redacción del plan de vivienda. Paula Jover (Vox) ve "imprescindible" que se garantice el acceso de las familias a una vivienda digna y por ello exige un "cambio" en la política de vivienda porque "se ha hecho bien poco" cuando hay una "emergencia habitacional" en el archipiélago. Ha cargado contra la ley estatal de vivienda y sus efectos en Canarias y aunque ha reconocido la oposición del Cabildo de Fuerteventura, ha destacado que el decreto no vulnera la autonomía de las corporaciones locales. La diputada conservadora ve con "inquietud" que la emergencia se pueda mantener en el tiempo dado que el decreto deja a un lado el planeamiento, al tiempo que ha advertido de que los locales finalmente no sean dedicados al uso de vivienda. Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha destacado que la política de vivienda "es la más importante" del Gobierno regional y reivindicado la gestión del 'Pacto de las Flores', con un plan de vivienda dotado con 600 millones. Ha dicho que no hace falta construir más viviendas para favorecer la "especulación inmobiliaria", ha acusado al Gobierno de "secuestrar" el debate, sin participación de cabildos, ayuntamientos y ciudadanía y solo pactado con el sector empresarial "en un chalet con piscina". Ha indicado que es un decreto "desarrollista que se salta el planeamiento" y está centrado en la búsqueda de nuevos suelos para fomentar la construcción "y sin ningún tipo de límite ni estudios previos". Para Campos, este decreto no se orienta a la vivienda social sino a la libre, para diseñar barrios "hacinados" y sin servicios, aparte de que el decreto no desincentiva el alquiler vacacional pues no prohíbe su uso y tiene visos de inconstitucionalidad. "Tiempo al tiempo", ha apuntado. Jennifer Curbelo (PP) ha comentado que el 'Pacto de las Flores' dejó a Canarias con la tasa más alta de población en dificultades para afrontar el pago de la vivienda y el parque público es "insuficiente", pues no llega ni al 1% cuando la media europea es del 9%. Ha dicho que el plan de vivienda de la pasada legislatura no se ejecutó y fue una más de las "mentiras" del Gobierno de Torres, lo que obliga al Ejecutivo a presentar un decreto urgente dado que "no hay ni un minuto más que perder". Javier Pérez Llamas, del Grupo Nacionalista, ha indicado que el decreto ley llega en un "buen momento" pues los precios están un 35% por encima de la 'crisis del ladrillo' de 2008 y apenas se han entregado 100 viviendas públicas del plan regional. Ha indicado que el decreto no invade competencias de cabildos y ayuntamientos, es constitucional y está avalado por el Consejo Consultivo ante la necesidad urgente de actuar sobre el mercado de la vivienda.

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