SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlamento de Canarias ha acordado reanudar el procedimiento de tramitación de la Proposición de Ley de Iniciativa Popular Canaria de Educación (7L/PPLP-29) tras el último acuerdo favorable del Gobierno de Canarias.
La Mesa acordó la admisión de la Proposición de Ley el 2 de septiembre de 2010 y solicitó entonces el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias, que lo presentó en el registro de la Cámara legislativa el 15 de octubre del mismo año y en el que hacía constar que no apreciaba causas de inadmisibilidad que impidieran su tramitación, informa la Cámara regional en un comunicado.
Recibido este dictamen, la Mesa admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular y se lo comunicó a la comisión promotora con el fin de que iniciaran la recogida de firmas, cuyos pliegos presentaron el 10 de febrero de 2011.
Una vez constituido el Parlamento de Canarias en su VIII Legislatura, la Mesa continuó la tramitación de esta iniciativa y fijó el procedimiento para la elección de los diputados integrantes de la Junta de Control resultando elegidos los diputados María Isabel Oñate, del Grupo Popular, Rita Isabel Gómez, del Grupo Socialista, Fabián Martín, por el Grupo Mixto y Nieves Rosa Pulido, por el Grupo Nacionalista.
Una vez concluidas las actuaciones de la Junta de Control, la Mesa acordó tener por verificadas las firmas presentadas y ordenó la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento del texto de la Proposición de Ley de Iniciativa Popular y la remitió al Gobierno de Canarias.
CRITERIO FAVORABLE
El pasado 28 de mayo, el Ejecutivo regional registró en el Parlamento un escrito con su criterio favorable a la toma en consideración y contrario a la tramitación de la proposición de ley por implicar aumento de créditos presupuestarios.
A raíz de este escrito, la Mesa declaró procedente la no conformidad del Gobierno a la tramitación de la Proposición de Ley por implicar aumento de créditos presupuestarios, y, en consecuencia, dio por concluida la tramitación de la Proposición de Ley que ahora se reanuda tras el cambio de posición del propio Ejecutivo regional.
