LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, cree que la repercusión de la presunta trama de corrupción denominada 'Operación Jable' "daña la imagen de Lanzarote, pero fundamentalmente daña la imagen de las personas que están implicadas en este asunto".
Tras el acto de toma de posesión de nuevos magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Castro eludió pronunciarse sobre este caso "por respeto a los imputados" y a su compañero, el juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, quien, a su juicio, "está llevando el asunto con mucha discreción y con mucha dedicación".
Igualmente, el máximo representante del TJSC hizo especial hincapié en que hay que "garantizar la presunción de inocencia" de los imputados. "Lanzarote está saliendo en los telediarios y periódicos nacionales y eso daña la imagen de Lanzarote, pero fundamentalmente daña la imagen de las personas que están implicadas en este asunto", aseveró.
Por otro lado, cuestionado sobre la filtración de información a medios de comunicación, afirmó que "el problema de las filtraciones de los sumarios, que son secretos hasta que se abra el juicio oral, es un tema en el que habría que determinar quién filtra porque si no no se pueden perseguir esas informaciones o filtraciones".
AL MENOS 24 DETENIDOS
La 'Operación Jable', sobre presunto cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote para conseguir la adjudicación de contratos para las obras y servicios que se realizaban en la isla, salió a la luz pública el lunes 19 de abril, y la está desarrollando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha permitido "poner al descubierto un complejo e importante entramado" de corrupción, asentado en "varias" instituciones de la isla de Lanzarote, según informó la Benemérita.
Dicha operación suma al menos 24 arrestados, entre los que se encuentran empresarios, la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote y actual consejera de Recursos Humanos en la corporación insular, María José Docal, la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y el abogado Francisco Rodríguez-Batllori (CC), que fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, además de diputado en la Cámara regional. Las detenciones se han realizado tanto en Lanzarote, como en Gran Canaria, Madrid y Almería.
