LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSC hizo hoy una oferta al Gobierno de Canarias de 12 medidas a abordar en el tramo final de la VI legislatura, a la que le quedan ocho meses efectivos de vida parlamentaria. El secretario general socialista, Juan Carlos Alemán, solicitó al Ejecutivo de Adán Martín una reunión de la mesa de seguimiento del acuerdo de colaboración, a celebrarse tras el debate del estado de la nacionalidad y antes de la Semana Santa. Alemán hizo esta propuesta "negociable" por la parálisis del Ejecutivo de CC y para evitar la "mala" experiencia de la pasada legislatura. Se refería a la aprobación de una cantidad relevante de leyes, de forma "precipitada y con falta de rigor", que luego se han demostrado que son problemáticas, como la de las cámaras de comercio.
Juan Carlos Alemán afirmó hoy que los objetivos previstos en la etapa de colaboración abierta con el Gobierno regional, tras la expulsión del PP en mayo de 2005, ha sido totalmente cubierta. Se refería a los convenios estatales en infraestructuras, el plan de vivienda, la retención de la compensación del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE) y la financiación sanitaria, entre los principales.
Quedan ocho meses de actividad parlamentaria efectiva, tal y como recordó el secretario general, y el Ejecutivo en minoría de CC está "paralizado, no toma iniciativas". Ante este escenario, el PSC hizo una propuesta que contiene una docena de medidas de desarrollo legislativo, "negociables y abordables" hasta marzo de 2007.
Juan Carlos Alemán declaró que el reto no consiste en aprobar las 12 medidas sino en evitar lo que ocurrió al final de la pasada legislatura. Recordó que el Gobierno regional de la V legislatura, en el tramo final, aprobó precipitadamente y con falta de rigor una relevante cantidad de proyectos de ley que, en su aplicación, han creado importantes problemas, con lo que se ha demostrad que son "malas". El PSC refirió en concreto la ley de las cámaras de comercio.
Alemán dijo que, antes del próximo mes de junio, el Parlamento puede aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía, debe abordar comenzando en abril el debate del modelo de desarrollo turístico sostenible ligado a la reforma de las directrices y elaborar un plan de cohesión de los convenios de infraestructuras. También priorizó la puesta en práctica de medidas urgentes en el sector sanitario.
La vicesecretaria regional, Francisca Luengo, propuso la necesidad de profundizar en actuaciones para la promoción de la igualdad y la aprobación de un código de buen gobierno, que suscite la transparencia administrativa y combata la corrupción.
El secretario regional de Asuntos Económicos, Blas Trujillo, priorizó la culminación de la negociación del Régimen Económico y Fiscal (REF) en Bruselas, las negociaciones con el Estado sobre la reforma de la financiación autonómica, garantizando el fondo de suficiencias para cubrir el coste de los servicios públicos; la reforma de la Ley de las Cajas de Ahorro de Canarias y las medidas sobre el sector energético, para terminar con la "indefinición" de la implantación del gas y garantizar las inversiones y el transporte eléctrico.
La secretaria regional de la Mujer, Dolores Padrón, planteó la elaboración de un plan específico contra el fracaso escolar, una ley de financiación de las universidades y un marco específico de coordinación de todas las políticas sectoriales que afecten a los jóvenes. En materia de inmigración, hacer de Canarias la plataforma en la que la Unión Europea (UE) revise sus políticas de cooperación y desarrollo con Africa y que el Parlamento canario sea el foro de coordinación de todas las iniciativas en esta materia.
Juan Carlos Alemán afirmó que con esta oferta el PSC pretende abrir otra etapa en la colaboración con el Gobierno. Para abordar este asunto solicitó la convocatoria de la mesa de seguimiento después del debate del estado de la nacionalidad y antes de la Semana Santa. El dirigente del PSC garantizó la estabilidad del gabinete de Adán Martín, valoró la coordinación existente pero criticó la escasa información que el Ejecutivo pone en conocimiento de sus colaboradores parlamentarios.
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