LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El diputado de CC-NC en el Congreso, Pedro Quevedo, tachó las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de "retrógradas", ya que, opinó, suponen un "giro ultraconservador de la administración de Justicia que es reprobable".
En relación a la propuesta que hace para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean elegidos exclusivamente por los jueces, Quevedo no entendió que Gallardón hable de neutralidad de los magistrados "cuando todo el mundo sabe que hay jueces de derechas y de izquierdas" y que priman más los primeros que los segundos, por lo que esta medida supondría garantizar el control de los conservadores sobre este órgano.
En un comunicado, opinó que el ministro debe consensuar las reformas en la administración de Justicia en vez de "aprovecharse de la mayoría absoluta" del PP y aplicarlas de forma unilateral.
Por su parte, el nacionalista está de acuerdo con que "hay que revisarlo y mejorarlo", pero entiende que lo que ha propuesto Gallardón es un retroceso respecto a lo que existe y pone como ejemplo la obligación de que las menores que quieran abortar tengan que tener el permiso de sus padres, una medida que además genera un conflicto con el hecho de que se reduzca la edad penal de los menores.
EL INCREMENTO DE LAS TASAS JUDICIALES ES "EXCLUYENTE Y DISCRIMINATORIA"
Quevedo explicó que el incremento de las tasas judiciales a partir de la segunda instancia "es una medida excluyente y discriminatoria" para las personas con menos recursos, asegura el diputado de CC-NC, que añade que "es inadmisible" que un servicio tan elemental como la Justicia dé la espalda a los más vulnerables, y menos en el contexto económico actual.
También consideró inaceptable la propuesta de que se reinstaure la cadena perpetua. "Supondría un retroceso en el tiempo, una involución respecto a los países del entorno y a la propia historia de España", dijo.
Por último, en su opinión, esta decisión, así como la de rebajar la edad penal del menor, está motivada por la presión de un sector de la opinión pública respecto a los casos de Marta del Castillo y de la niña Mari Luz (Cortés). Sin embargo, Quevedo entendió que no se puede legislar en base a la excepcionalidad sino a la generalidad.
