SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Gobierno de Canarias han decidido retrasar la entrega de 23 casas sociales hasta que los actuales adjudicatarios de esas viviendas abandonen las cuarterías en las que viven, una medida que ayer empañó el acto organizado por las autoridades para repartir la documentación y las llaves a los futuros inquilinos de Las Amapolas, el edificio residencial que ha sido construido en El Tablero por la Consejería de Vivienda para resolver el problema de alojamiento que tienen 42 familias del municipio sureño.
Por tanto, sólo 19 de esos adjudicatarios recibieron en el sobre de rigor las llaves de sus casas, mientras que el resto se tuvo que conformar con los contratos de alquiler que recogen sus derechos, al menos hasta que desalojen las cuarterías, puesto que ambas instituciones han vinculado la entrega efectiva de las viviendas a la demolición de las chabolas en las que residen.
La razón de este bloqueo se debe a la determinación de eliminar los poblados de infraviviendas que existen en el municipio, un objetivo que pasa por erradicar ese tipo de construcciones mediante su demolición, para que de esta manera no vuelvan a ser ocupadas por otras personas, según han señalado miembros del Ayuntamiento y del Gobierno.
A pesar de que los afectados fueron avisados de que no iban a recibir las llaves, algunos de ellos se mostraron contrarios a la medida y exigieron el derecho a ocupar sus hogares de forma inmediata. Ése fue el caso de Alicia del Carmen Miranda Trujillo, una madre de seis hijos que habita una casa en ruinas. "No entiendo por qué a mí no me las han dado si no vivo en una cuartería", se lamentaba esta vecina al tiempo que se enjugaba las lágrimas de los ojos.
Por lo demás, el acto transcurrió con normalidad, y los más afortunados corrieron a ver sus pisos después de agradecer la entrega a los miembros de los gobiernos que participaron en el mismo, entre ellos la alcaldesa Concepción Narváez, el edil de Vivienda José Delgado, y el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda Antonio Castro Cordobez.
