SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han determinado que el Consistorio debe personarse como actor civil en las diligencias previas abiertas en el juzgado por los pagos supuestamente irregulares de la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) a Sacyr.
El informe, elaborado a instancias del alcalde, José Manuel Bermúdez, indica que la conveniencia en la personación de esta fórmula jurídica viene dada por diferentes autos judiciales dictados con anterioridad. Dichos autos dicen que la Administración Pública puede personarse como perjudicada cuando es titular del bien jurídico protegido, lo que coincide con la causa a la que se refiere este informe.
Además de la solicitud de informe a los Servicios Jurídicos, también se inició un procedimiento en la Junta de Gobierno Local, en febrero de este año, para dar instrucciones a Emmasa para que iniciase las acciones oportunas para reclamar la devolución de dichas cantidades que fueron abonadas de forma supuestamente irregular durante años a Sacyr en concepto de canon por el uso de la red municipal.
Al mismo tiempo, y en el mismo acuerdo, se requería de manera definitiva a la empresa de aguas a que cesase de manera inmediata al abono de dichos pagos, tras desestimar las alegaciones presentadas por Emmasa en contra de esta instrucción.
Esta situación es consecuencia del expediente iniciado en 2019 por técnicos del Ayuntamiento, después de meses de análisis y de una auditoría externa realizada en 2018, sobre la situación financiera de Emmasa y dichos pagos periódicos efectuados a Sacyr desde 2007.
El concejal de Presidencia y Planificación, Alfonso Cabello, ha manifestado que "el informe de los Servicios Jurídicos viene a aportar luz respecto a cómo el Ayuntamiento debe afrontar la causa abierta en los juzgados, para que en todo momento los derechos de este Consistorio, y en consecuencia de la ciudad, estén defendidos de manera correcta".
El criterio utilizado por los Servicios Jurídicos es el mismo que se ha aplicado por el mismo servicio en otros procesos relacionados con asuntos de seguridad vial o, recientemente, en procesos como el llamado caso de Las Teresita o el caso Casa Siliuto.
