LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las empresas Satocan y Otech, a través de su sociedad 'Gran Canaria Subsea & Offshore Base' han anunciado su renuncia a instalar en el Puerto de Arinaga el Centro de Servicios Integrados a la Industria Subacuática de Gran Canaria para el que tenía concesión por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas tras chocar con el Ayuntamiento de Agüimes a la hora de obtener la correspondiente licencia urbanística.
Así lo ha explicado tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración el presidente de la Institución, Juan José Cardona, quien precisó que el motivo alegado por el concesionario es la "imposibilidad" de lograr la licencia urbanística.
Cardona quiso ser "delicado" en sus manifestaciones a este respecto pues no quiere que sus palabras "puedan ser consideradas un ataque o una crítica al Ayuntamiento" y dada su "buena relación" con el alcalde del municipio, Óscar Hernández.
"Nuestro propósito es mejorar las relaciones entre ambas instituciones, porque la única manera de que el Puerto de Arinaga crezca es que acoja nuevas actividades y que encontremos una sintonía y un consenso con el Consistorio, pues es el que da las licencias urbanísticas", indicó.
RECONSTRUIR EL CONSENSO CON EL AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
Todo así, Cardona reconoció que hasta el momento la realidad es que ese consenso "no ha existido" y que la decisión de Satocan y Otech "no es una buena noticia".
Aún así, dijo preferir "mirar en positivo" y mandar el mensaje de que es el momento de "abrir los espacios" necesarios para mejorar la relación.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas realizará ahora un informe para determinar qué papel han jugado el Ayuntamiento y la propia concesionaria en el fracaso del proyecto, pues de ese extremo depende también el aval que la sociedad depositó en la Autoridad Portuaria. Si se trata de un obstáculo municipal el consorcio recibirá el aval completo y, si no, podrá serle retenido parte o la totalidad.
PROBLEMA "TÉCNICO"
El director del Puerto de Las Palmas, Salvador Capella, detalló que las empresas "pasaron antes" por el Ayuntamiento y que le "consta" que les dieron "el visto bueno". Pero, defendió, no se trata de nada político, sino de una "interpretación técnica" sobre la que, reconoció, se lleva discutiendo "bastante tiempo".
