SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El STEC-IC ha mostrado su rechazo ante los cambios que el Gobierno de Canarias, "sin previo aviso, en pleno mes de agosto y sin negociación con el alumnado", ha impuesto elevando las exigencias académicas al alumnado para otorgarles becas en la enseñanza universitaria en el presente curso 2010-11, medida esta, que según el sindicato "obligará" al abandono de los estudios de un importante número de universitarios.
El STEC-IC siempre ha planteado que los cambios en las exigencias académicas "nunca" se deben improvisar, "siempre se debe dar tiempo para que las personas y las instituciones afectadas se adapten a la nueva normativa, pero el Gobierno de Canarias nunca tiene esto en cuenta", han defendido en un comunicado el sindicato.
"No lo hizo con el profesorado universitario cuando se cambiaron los criterios de productividad científica para acceder a los complementos retributivos, y no lo ha hecho ahora con el alumnado. Lo grave en este caso es que, tal como ha reconocido el director general de Universidades en la prensa, se admite flexibilizar los niveles de renta (conceder más becas a estudiantes con mayores ingresos) y no las exigencias académicas, cuando las becas son ayudas compensatorias de la desigualdad económica, y no premios a la excelencia académica", han subrayado.
Han enfatizado, además, que el alumnado de la ULL se está viendo afectado por esta medida, al haberse anulado la convocatoria de septiembre desde el curso 2008-09. "En esta universidad, el alumnado realizó las convocatorias de examen sin conocer el aumento de un 60% a un 70% de los créditos aprobados para obtener la beca en el curso 2010-2011, ya que el decreto autonómico (Decreto nº 150) fue publicado en el día 2 de agosto, cuando ya habían terminado las convocatorias de junio y julio", han declarado desde el sindicato.
Para el STEC-IC, "el alumnado se está enfrentando, a la vulneración del principio de igualdad de oportunidades, simplemente por la negativa del Gobierno a negociar, a informar adecuadamente y, sobre todo, por su costumbre, ampliamente puesta de manifiesto a lo largo de toda la legislatura, de improvisar e imponer medidas que, tristemente, están destrozando la enseñanza pública y, con ella, el ejercicio del derecho a la educación en Canarias".
El STEC-IC ha considerado, finalmente, que con esta medida se empieza un proceso de restringir la permanencia en la universidad de los sectores sociales más desfavorecidos, lo cual resulta especialmente grave en Canarias, donde el nivel educativo de la población (y particularmente de las clases más desfavorecidas) sigue siendo deficitario respecto al promedio estatal y europeo.
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