MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Canarias es la segunda comunidad autónoma con menos trabajadores de hogar afiliadas a la Seguridad Social con 11 por cada 1.000 hogares, solo por delante de Extremadura (10), según las cifras de afiliación analizadas por Funcas con motivo del 'Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar' que se celebra este jueves.
El trabajo doméstico representa un porcentaje del empleo regular en España que ronda el 1,9% y este porcentaje oscila entre el 1,1% en Extremadura y el 2,9% en la Comunidad de Madrid (con un 3,7% en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
Si se considera el número de hogares, en 2022, por cada 1.000 hogares había en España aproximadamente 20 personas afiliadas al sistema de empleadas de hogar de la Seguridad Social, con diferencias entre las comunidades autónomas.
Así, en Madrid el número de afiliadas por cada 1.000 hogares es más alto (39), seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (32), País Vasco (31) y Navarra (26). En el extremo opuesto, se encuentran Extremadura (10), Canarias (11), Andalucía (13) y Castilla-La Mancha (13).
Por nacionalidades, el 45% de las personas que trabajan en el servicio doméstico en España son extranjeras, por debajo del 70% registrado en 2005, año en el que se produjo la regularización de inmigrantes residentes en España con contrato. Durante el proceso de afloramiento ocurrido a lo largo de 2005, el número de extranjeros afiliados al sistema de trabajadores del hogar superó por primera vez el umbral de 250.000 para caer después en 2007.
En 2012, la respuesta a la obligatoriedad de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social supuso un aumento de las personas afiliadas al sistema en ese año, ya que si en enero su número rozaba los 278.000, en diciembre alcanzó los 416.000.
A partir de 2015, coincidiendo con la recuperación de la economía tras la crisis (2008-2014), la afiliación al sistema empezó a caer, tendencia de la que no se ha recuperado. En febrero de 2023, el número de personas superaba las 376.000, un 95,5% de las cuales son mujeres.
De esta tendencia descendente del empleo en el trabajo doméstico dan cuenta los datos de afiliación a la Seguridad Social y los de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA). No obstante, Funcas precisa que es posible que la EPA no capte una parte de esta ocupación (porque no todas las personas que la desempeñan sin estar afiliadas la declaren) y, también, que los registros de afiliación a la Seguridad Social no recojan a una parte de las trabajadoras del hogar (las que, por preferencia propia y/o de los empleadores, no se afilien). Por tanto, considera que ambas fuentes pueden infraestimar el número de personas empleadas en el sector.
Aunque la ONU declaró en 1988 el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, no fue hasta 2011 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó un convenio sobre el trabajo doméstico, que establece los derechos básicos para las trabajadoras domésticas y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre horas de trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. España ratificó ese convenio hace apenas un mes, el 28 de febrero de 2023, por lo que sus disposiciones serán exigibles a partir de marzo de 2024.
Además, con motivo de este día, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha elaborado el informe 'Trabajar cuidando: comparativa por Comunidades Autónomas', en el que se analiza este tipo de empleo en las distintas comunidades y ciudades autónomas, al tiempo que insta a seguir equiparando los derechos de estas trabajadoras con los del resto.
El documento pone el foco en el peso de la mayor edad, 65 o más años, y afirma que es más determinante a efectos de disponer de cuidados profesionalizados, que el intervalo de 0 a 15 años. Asimismo, denuncia que la insuficiencia de cuidados profesionales determina mayores porcentajes de afiliación al Sistema Especial de Empleadas del Hogar (SEEH).
En cuanto a la renta, añade que determina la posibilidad de contratar personal doméstico y que aquellas comunidades con las menores rentas, presentan los menores porcentajes de afiliación al SEEH.
En el trabajo, en el marco del servicio del hogar familiar y la afiliación al Sistema Especial de Empleados de Hogar, siguen estando sobrerrepresentadas las mujeres migrantes, ya sea porque tienen nacionalidad extranjera o porque teniendo nacionalidad española nacieron en el extranjero.
A la vista de estos resultados, UGT reclama que se cumpla con lo establecido en la Disposición 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se regulen medidas que aseguren la salud y seguridad de estas trabajadoras, en el marco del diálogo con los interlocutores sociales.
También reclama que se abra la mesa de Diálogo Social para abordar las materias pendientes, pues estas trabajadoras aún están "lejos de los derechos de una relación laboral común". En esta mesa deben abordarse, a juicio del sindicato, el papel de las Agencias de Colocación y Plataformas digitales y la prestación de servicios profesionalizados bajo la relación laboral especial que, en su opinión, constituye una práctica no conforme a derecho.
SIN RECONOCIMIENTO SOCIAL Y CON UN RÉGIMEN ESPECIAL "INJUSTO"
En la misma línea, desde Cáritas reivindican que se produzcan los avances necesarios para una verdadera equiparación de derechos --especialmente de las que trabajan en régimen interno--, lamentan que, pese a los importantes avances registrados en el último año, las empleadas de hogar siguen careciendo de reconocimiento social y denuncian que el régimen especial del que forman parte es profundamente injusto.
"Esta falta de equiparación con el resto de los trabajadores coloca con frecuencia a las empleadas de hogar en situaciones de precariedad laboral y desprotección social", explica Tamar Arranz, técnica del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española.
Si bien la ratificación del Convenio 189 de la OIT y posterior aprobación del Real Decreto-ley 16/2022 --que da lugar a modificaciones de distintas normativas relacionadas con el trabajo del hogar-- han supuesto un avance en el reconocimiento de derechos, como el acceso a la protección frente al desempleo, ha dejado fuera reivindicaciones "como la integración de lagunas en las cotizaciones, la diferenciación profesional entre cuidados de personas y hogar, o todo lo relativo a las condiciones particulares que conlleva el trabajo de interna", según Arranz.
Cáritas señala que esta falta de definición de las condiciones particulares del trabajo de las empleadas del hogar en régimen interno, hace que muchas de ellas se enfrenten a situaciones de especial desprotección y vulnerabilidad. "Todo ello, unido al hecho de que la mayoría de mujeres que trabajan como internas son migrantes y muchas de ellas sin documentación, hace que sea un sector especialmente vulnerable a los abusos", recalca.
