LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social (CES) comenzará a funcionar el próximo curso político, con el cometido de elaborar informes preceptivos, no vinculantes, para "hacer bandera del diálogo", tal y como ha informado hoy el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González.
En rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, y la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Henar Moreno, ha informado de que ya se han elegido los dieciocho consejeros que formarán parte del CES, que también contará con personal contratado.
Con un presupuesto de 150.000 euros, destinados a mantener la sede, pagar a los trabajadores y las dietas de los consejeros, se encargará de "proveer la mayor participación de agentes económicos y sociales".
"En esta nueva etapa política hacemos bandera del dialogo, de la colaboración con los agentes sociales y de la búsqueda del acuerdo como acción política", ha dicho.
Su función será la redacción de dictámenes preceptivos, no vinculantes, sobre anteproyectos de Ley, así como Proyectos de Decreto y Planes Generales del Gobierno de La Rioja en materias socioeconómicas y, en su caso, laborales (no se incluye la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja).
También, asuntos que, con carácter facultativo, se sometan a consulta del mismo por el Gobierno regional; estudios, informes o propuestas en el marco de los intereses económicos y sociales que le son propios a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales; y coyunturas sectoriales del tejido económico regional. Podrá actuar a iniciativa propia, "asumiendo el protagonismo", ha dicho Moreno.
Díaz ha destacado que se facilita la "participación de personas pegadas a la calle", ya que los delegados representan a empresarios, trabajadores, la Universidad de La Rioja, y organizaciones agrarias.
Aún sin saber en cuáles tendrá participación el Consejo, el Parlamento tiene pendiente la Ley de Economía Social y la Ley para la creación de la Agencia riojana para la Transición Energética y el Cambio Climático, ya finalizadas y pendientes de aprobación.
También, la Ley de Biodiversidad, que debe debatirse su toma en consideración después la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, y que irá a pleno el próximo lunes.
La Ley de Violencia de Género, pendiente del informe del Consejo Consultivo; así como la Ley de Accesibilidad y de Salud Mental, que se están trabajando. Están a punto de entrar la Ley de Igualdad y la Ley de Agricultura.
CONSEJEROS
Formarán el consejo la Presidencia, que será designada por el Gobierno de La Rioja, previa consulta a los componentes del CES, y que deberá contar con el apoyo de las dos terceras partes de los miembros.
Un grupo primero de seis consejeras o consejeros designados por las organizaciones sindicales más representativas, en proporción a su representatividad.
Son José Blanco, Ana Cruz Llach y Javier Maiso, por parte de UGT; y Beatriz Ramírez, María Ángeles Alcalde y Javier Morentín, por parte de CCOO.
Un grupo segundo de seis consejeras o consejeros designados por las organizaciones empresariales, en proporción a su representatividad. Estos representantes son Carlos del Rey, Eduardo Fernández, Juan Ramón Liébana, Pedro José Sáez, Rocío Bazán y Diego Pascual, por parte de la Federación de Empresas de La Rioja (FER).
Un grupo tercero de seis consejeras o consejeros: dos por el Gobierno de La Rioja en su representación; tres por cada una de las organizaciones agrarias más representativas que ostenten representación institucional ante las Administraciones Públicas e integradas en otras de ámbito estatal; y uno por la Universidad de La Rioja.
Así, los integrantes de este grupo tercero serán José Luis Díez Cámara y Laura Ramírez, por parte del Gobierno de La Rioja; Igor Fonseca, de ARAG-ASAJA; José Domingo Ceniceros, de UPA; Leticia Olasolo, de UAGR-COAG; y, por último, José Ángel Recio, de la Universidad de La Rioja.
El mandato de los miembros del CES pasa de cuatro a dos años, sin perjuicio de posteriores renovaciones.
La presidenta del Gobierno, Concha Andreu, cuenta ahora con treinta días para convocar la primera reunión, en la que propondrá un presidente y éste deberá contar con el apoyo del Consejo.
