LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza, junto a los consejeros de siete Comunidades Autónomas, reclamaron hoy que la Ley de Dependencia se aplique en condiciones de igualdad en todo el territorio español, según informó el Ejecutivo riojano, en un comunicado.
Además de La Rioja participaron las Comunidades de Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Canaria, Madrid y Castilla y León. Se trataba del 'I Foro sobre Dependencia en las Comunidades Autónomas' que se celebró en León con el lema 'Por una protección efectiva de las personas dependientes y sus familias'.
Tras una jornada de trabajo, las siete Comunidades Autónomas han llegado a unas conclusiones y a una serie de propuestas de mejora de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia con el objetivo de lograr una adecuada atención de las personas dependientes y sus familias.
Los consejeros también coincidieron en señalar que el nombramiento de la Ministra Mercedes Cabrera como responsable de la Política Social ha supuesto un cambio positivo que conllevará nuevas oportunidades para el consenso.
Las conclusiones y propuestas principales a las que llegaron son las siguientes, fueron que trascurrido un año de aplicación de la Ley, el desarrollo normativo "es incompleto". Por tanto, "ante igual situación de Dependencia se están produciendo situaciones desiguales en función del territorio donde residan las personas dependientes".
También que el proceso y procedimiento establecidos en la Ley desde la presentación de solicitudes hasta que finalmente el usuario recibe la prestación correspondiente "es largo y complicado". Además, se hace necesaria la revisión del procedimiento de valoración para tener en consideración las características de algunas discapacidades y colectivos como las enfermedades vinculadas al envejecimiento o a la enfermedad mental a fin de garantizar que tengan un acceso efectivo al sistema de dependencia.
Además indicaron que el sistema informático que apoya este proceso y que, además, dota de Información al Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, "no está dando respuesta a las necesidades actuales ni de futuro".
Para las Comunidades "es necesario e imprescindible" establecer mecanismos de coordinación con nuestro Sistema Nacional de Salud, la Seguridad Social y la Administración Tributaria del Estado por estar implicados en el proceso.
La financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas es "insuficiente y no asegurada en el tiempo, lo que hace peligrar la aplicación real y eficaz de la Ley, no garantiza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Dependencia ni el acceso en igualdad a los Servicios y Prestaciones".
Ante ello, propusieron un Pacto de estado que asegure la atención a las personas dependientes en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y garantice la sostenibilidad financiera del sistema.
También anticipar la revisión prevista en la Ley en relación a su aplicación para mejorar el procedimiento y agilizar los trámites que permitan dar una mejor respuesta a los ciudadanos. Es decir, agilizar y simplificar el proceso y trámites para el acceso a los Servicios y Prestaciones que correspondan según la Ley, en beneficio de las Personas Dependientes y sus familias; dotando a todo este proceso de un sistema informático que de respuesta a las necesidades actuales.
Además piden establecer mecanismos de coordinación entre las administraciones de las Comunidades y la Administración General del Estado -Sistema Nacional de Salud, Administración Tributaria y de la Seguridad Social- para agilizar la eficacia en la aplicación plena de la Ley. Las comunidades pidieron la revisión del procedimiento de aplicación de la Ley (sistema de valoración, baremo) para tener en consideración las características de algunas discapacidades y colectivos como las enfermedades vinculadas al envejecimiento o a la enfermedad mental a fin de garantizar que tengan un acceso efectivo al sistema de dependencia.
Reclamaron una financiación "suficiente y asegurada" en el tiempo, por parte de la Administración General del Estado. Para ello, es necesario agilizar el procedimiento de financiación del Estado a las Comunidades Autónomas y que se cumplan las previsiones de la Ley en cuanto a cuantías y plazos de financiación.
Además pidieron trasladar al Consejo de Política Fiscal y Financiera las necesidades financieras del Sistema de Atención a la Dependencia para dotar a las Comunidades Autónomas de fondos suficientes para el desarrollo de la Ley.
Finalmente soliciataron convocatoria "urgente e inmediata" del Consejo Territorial del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para promover la consecución de los objetivos anteriores.
