LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada ante la institución por el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño e investigará el programa 'Calles Abiertas', puesto en marcha por el equipo de Gobierno de la capital riojana, por una posible "vulneración" de derechos fundamentales, como la libre circulación, la integridad física, la accesibilidad o el desarrollo de la actividad económica.
Como ha adelantado en rueda de prensa este lunes el portavoz del Grupo Popular Conrado Escobar, el PP planteó su queja el pasado 21 de octubre, y, el día 25, se recibió el aviso del acuse de recibo en la institución "de la que, muy recientemente, hemos recibido el comunicado de que se ha admitido a trámite".
En la queja, se denunciaba que "la señalización en las calles Sagasta, Fundición, República Argentina, Gonzalo de Berceo y Duquesa de la Victoria, de Logroño vulnera los artículos 14, 15 y 19 de la Constitución Española", refiriéndose, en concreto, "al derecho a la libre circulación por el territorio nacional en condiciones de igualdad y adecuada accesibilidad, y con debida garantía de su integridad física".
"La admisión a trámite tiene un alcance importante puesto que supone que la propia Defensoría promueve una investigación para el esclarecimiento de los supuestos recogidos en la queja", ha manifestado Escobar, quien ha reseñado que "en el escrito de admisión se establece que el primer paso será iniciar las acciones oportunas ante la Dirección General de Tráfico".
"Desde el Grupo Popular entendemos que el Ayuntamiento debe reflexionar sobre cómo están haciendo las cosas en las intervenciones que se están desarrollando en las calles de la ciudad. A juicio del propio Defensor y con la Ley en la mano existen indicios de que algo se puede estar haciendo mal respecto a derechos fundamentales", ha señalado el portavoz 'popular'.
Entiende que "los fundamentos que justificaban la denuncia presentada discurren por un procedimiento procedimental y procesal aceptable", de modo que "existen indicios que se pueden estar vulnerando derechos como la integridad física, accesibilidad, libre circulación y actividad económica".
Como ha recordado por su parte la concejala del PP Celia Sanz, que ha acompañado a Escobar en su comparecencia ante los medios, "en la queja, se argumentaba que se estaba empleando, por parte municipal, la vía de hecho, aprovechando el estado de alarma" y que "no hay un procedimiento administrativo que soporte las señalizaciones ejecutadas".
Ha incidido en que "a partir del mes de mayo de este año el estado de alarma decae y con ello la provisionalidad de las medidas que se venían adoptando", de modo que, en palabras de Celia Sanz, "a partir de ese momento no hay cobertura ni de la Resolución de Alcaldía dictada en mayor de 2020 ni de normativa nacional para sustentar la señalización que se está aplicando".
"Pero -ha proseguido la edil del PP- a partir de mayo se produce lo que se denomina vía de hecho y se consolidan acciones sin los informes técnicos necesarios, incluso con informes desfavorables de algunas unidades técnicas municipales y sin la Ordenanza de Movilidad que diera soporte a la señalética utilizada".
En este sentido, los 'populares' han explicado que se adjuntaron dos informes desfavorables respecto a esta señalización de las unidades municipales a los que han tenido acceso, así como el informe pericial realizado por un arquitecto del COAR en cuanto a la actuación de la calle Duquesa de la Victoria.
