LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada del Partido Popular de La Rioja, Cuca Gamarra, y el diputado nacional de esta formación política, Javier Merino, han registrado hoy, día 28, una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno de Sánchez devuelva a la Comunidad Autónoma de La Rioja la liquidación del IVA de 2017, que asciende a 20 millones de euros.
La Proposición no de Ley presentada por los parlamentarios riojanos enmarca esta legítima petición en la doctrina expuesta en la reciente sentencia de la Sala 3 del Tribunal Supremo en relación a estas liquidaciones pendientes de abonar por parte del Estado.
Los parlamentarios del PP de La Rioja recuerdan al Gobierno el obligado "cumplimiento inmediato" de la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a abonar a la Comunidad de Castilla y León la compensación correspondiente por las repercusiones en la liquidación del IVA de 2017, realizada por el Ejecutivo de Sánchez en 2019 y que solo cubrió once de los doce meses del citado ejercicio, porque se negó a corregir previamente el sistema para evitar el problema detectado.
Una situación extensible al resto de comunidades que el Gobierno de Sánchez debe resolver de manera inmediata, evitando la judicialización de una cuestión tan evidente que sólo la sinrazón del Gobierno ha impedido que se resuelva al margen de los tribunales.
El GPP registró en octubre de 2018 una Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA, que fue debatida y aprobada su toma en consideración por amplia mayoría (Sí: 171 No: 89 Abstenciones: 81) en diciembre de ese año, aunque no llegó a tramitarse por la finalización abrupta de la legislatura.
Ante las continuas peticiones tanto desde el Grupo Parlamentario Popular, como de las CCAA, incluyendo algunas gobernadas por el partido socialista, la sorprendente respuesta de la Ministra de Hacienda fue declarar que no iba a devolver nada porque "ese dinero ya no existe", culpando a los partidos que tumbaron los fallidos presupuestos de 2019 de impedir un ajuste que realmente no requería la aprobación de esos presupuestos, tal y como ponía de relieve la solución jurídica aportada por el Partido Popular en la proposición de ley antes señalada.
Desde entonces, el GPP ha exigido al Gobierno en repetidas ocasiones que adoptase las medidas necesarias para devolver ese importe, que afecta tanto a las CCAA como a los EELL. La última fue en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno directamente vetó, por lo que no hubo ni siquiera posibilidad de debatirla y votarla.
