LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (GMS) ha presentado para su tratamiento y debate en el próximo Pleno fijado para el martes 28 de enero, dos propuestas de resolución.
La primera de ellas, según explican en nota de prensa, es "para instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo".
La segunda, para proponer "que se derogue, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses".
Con respecto a la primera, indican, "tras el reciente posicionamiento por parte del Gobierno de España en relación a la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, en la que se regularizaba el derecho al aborto y que estaba ampliamente respaldada por un 70 por ciento de la población española, ha habido varias Comunidades Autónomas, entre ellas País Vasco, Cataluña, Andalucía, Canarias, Extremadura y Asturias que rechazan esta nueva ley del aborto".
La ley que estaba vigente desde el 5 de Junio de 2010 "era ampliamente respaldada y no suponía mayor debate en la sociedad española; era una de las más avanzadas en el plano europeo, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y de hecho, había conseguido reducir el número de abortos en el último año".
Para el GMS de Santo Domingo, "son muchas las voces que se han levantado en contra de esta 'nueva' propuesta de ley, no sólo desde la oposición, sino también desde grupos sociales, organizaciones internacionales, gobiernos europeos catalogados como 'de derecha', incluso numerosos diputados y miembros del actual gobierno de España, medios de comunicación con gran difusión a nivel internacional tales como el New York Times o el conservador The Times, alegando en sus editoriales que esta nueva ley representa un retroceso normativo, social e ideológico, y que volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad".
Con respecto a la segunda, indican que ya se ha cumplido más de un año de la ley que introdujo las tasas judiciales en España "y un amplio sector de la sociedad y de responsables de colectivos vinculados a la justicia española, entre ellos el Consejo General de la Abogacía Española, y casi un centenar de colegios profesionales de abogados, se está manifestando de formas diversas en contra de esta ley".
La argumentación que ellos mismos presentan a la sociedad española desde su ámbito profesional es "demoledora", ya que reseñan que esta ley "ha privado a miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva y se ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia".
Por ello se propone al Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, que el Gobierno de España derogue, entre otros por los aspectos citados, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (publicada en el BOE número 280, de 21 de Noviembre de 2012)".
Y que de este acuerdo "se dé traslado al Gobierno de España, a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Gobierno de La Rioja".
