Los regionalistas revelan que el Gobierno de La Rioja "está siendo condenado a pagar intereses de facturas atrasadas"

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

"El excesivo retraso" en el pago de facturas ha provocado que el Gobierno de La Rioja "esté perdiendo las reclamaciones judiciales interpuestas por diferentes empresas y esté siendo condenado a pagar importantes cantidades económicas", según revela UPR-riojanos en nota de prensa.

Así, aseguran, "son varias las sentencias que condenan al Gobierno de La Rioja a pagar intereses de demora por incumplir la ley de forma reiterativa pero en ningún momento han trasladado esta información a los ciudadanos en general y a los grupos políticos con representación parlamentaria en particular".

La formación riojanista subraya que Pedro Sanz y el PP "negaron" tener facturas en los cajones del Gobierno y sin embargo "han pedido al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores 70,8 millones de euros en forma de préstamo que, evidentemente, hay que devolver con intereses al Gobierno Central".

"Facturas impagadas y negadas durante varios meses por las que se pagan intereses dos veces: primero por las sentencias contrarias al Gobierno de La Rioja que obligan a éste a hacer frente a los importantes intereses de demora y, segundo, por los intereses propios del préstamos estatal por valor de 70,8 millones de euros", explican.

Los diputados regionalistas, a través de su grupo parlamentario, van a pedir que la consejera de Hacienda, Concepción Arruga, informe detalladamente de la relación de sentencias contrarias al Gobierno; que explique a qué Consejerías o Fundaciones afectan; a cuánto asciende el importe de los intereses que tenemos que pagar todos los riojanos; de qué partidas presupuestarias está saliendo el dinero para pagar las sentencias condenatorias, etc.

Desde UPR-riojanos consideran "muy grave" que el Gobierno de La Rioja, que "presume de transparencia, haya ocultado la existencia de facturas en los cajones de Sanz lo que le ha obligado a ocultar también las sentencias que le condenan a pagar intereses de demora y a no informar, ni siquiera al Parlamento, de qué partidas presupuestarias salen los recursos para pagar estas sentencias".