El Senado examinará el 4 de marzo a los tres candidatos para sustituir a Hernando como magistrado del TC

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo 4 de marzo la Comisión de Nombramientos del Senado examinará a los tres candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos para nombrar un magistrado al Tribunal Constitucional en sustitución de Francisco José Hernando, fallecido en noviembre del pasado año.

La Junta de Portavoces del Senado ha revisado este martes las propuestas recibidas de los parlamentos autonómicos y ha acordado enviar los tres nombres propuestos a la Comisión de Nombramientos, donde los candidatos deberán presentar su currículum a los grupos parlamentarios.

Una vez declarada su idoneidad, la Comisión enviará la terna de candidatos al Pleno de la Cámara, donde se elegirá un nombre en una votación secreta y en urna. Para ser designado candidato, deberá obtener el apoyo de tres quintos de la Cámara, mayoría con la que ya cuenta el PP sin necesidad del apoyo de otros grupos parlamentarios.

Hernando había sido nombrado magistrado a propuesta del PP, por lo los 'populares' serán también previsiblemente quienes decidan su sustituto. Quien más opciones tiene es el magistrado del Tribunal Supremo Ricardo Enríquez, propuesto por los parlamentos de Murcia, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Por su parte, el Parlamento gallego ha remitido al Senado el nombre de José Luis Costa y el de Cataluña al catedrático Antonio Rovira. Mientras, las Cortes Valencianas han pedido ampliar el plazo un día más, ya que su propuesta será votada en el pleno que celebren este miércoles.

MAGISTRADO HASTA DICIEMBRE DE 2016

El nuevo magistrado tomará posesión de su cargo ante el Rey y permanecerá en el puesto el tiempo de mandato que le quedaba por cumplir a Hernando, es decir, hasta diciembre de 2016.

Francisco José Hernando fue elegido por el Senado en diciembre de 2010 con tres años de retraso, junto a Francisco Pérez de los Cobos, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega. El enfrentamiento entre PP y PSOE hizo imposible el acuerdo en 2007 para renovar a los magistrados en el plazo previsto por la ley, entre otras cosas, por el empeño del PP de designar a Enrique López y la negativa en redondo del PSOE a aceptarlo. En el camino se cruzó también la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.