LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes un escrito ante el Defensor del Pueblo para pedir a la institución que se pronuncie ante la resolución aprobada por el Gobierno de Gonzalo de Capellán de eximir de responsabilidades a aquellas residencias o centros de día que no cumplan con las ratios. En concreto pedirán que "la revoque" por ser "perjudicial para nuestros mayores y sus trabajadores".
Acompañado por las diputadas, Ana Victoria del Vigo y María Somalo, el portavoz del GPS, Javier García, ha sido el encargado de presentar el escrito ante la Delegación de Gobierno para volver a mostrar "el grave problema de las residencias y centros de mayores". "Como dijimos hace unas semanas, hoy estamos aquí para presentar este escrito que vela por cumplir con los derechos de las personas mayores y dependientes" ante la "mala" resolución del Gobierno de Gonzalo Capellán.
Previamente, García ha recordado que el Defensor del Pueblo ya se pronunció en pandemia -en 2020- con un informe que se llamaba 'Actuaciones ante la COVID-19' en el cual hay conclusiones muy interesantes". "Una de ellas era muy clara y es que invitaba a las comunidades autónomas a que revisaran el número de efectivos en lo que vienen a ser los controles y la inspección para garantizar esa mejor asistencia a nuestros mayores".
Y, en segundo lugar, "también invitaba al Consejo Territorial de Asuntos Sociales y Dependencia a que revisaran al alza las ratios de personal sociosanitario de los centros de mayores, con el objetivo último, lógicamente, de mejorar la calidad de asistencia a nuestras personas mayores y residentes en esas residencias de mayores y también los que son usuarios de los centros de día".
"En plena pandemia, el Defensor del Pueblo alertó de estas cuestiones y, contra todo ello, llega ahora la resolución del Gobierno de Capellán. Es decir, en contra de que el sistema de dependencia sea óptimo y que preste una buena asistencia a las personas mayores".
Una resolución aprobada, además, -a juicio del PSOE- "con nocturnidad y alevosía" y que tiene "unos beneficiarios claros que son las empresas que incumplen con las ratios de personal sociosanitario y tiene unos perjudicados claros, nuestros mayores, sus familias, pero también los actuales trabajadores y trabajadoras de los centros y residencias de mayores".
"VA EN CONTRA DE NUESTROS MAYORES Y DE LOS TRABAJADORES"
"Es una resolución inédita en lo que es el territorio nacional que, desde luego, va en contra de que nuestros mayores estén bien cuidados y en contra también de los propios trabajadores".
La medida -considera García- "va a tensionar a esos centros" lo que tendrá "una consecuencia directa de precarización de los puestos de trabajo, entre otras muchas".
Por tanto, "es una resolución absolutamente letal para una mejor asistencia de nuestros mayores". Además, "es una medida que no es temporal, por mucho que lo diga el Partido Popular".
En este punto, indica García, "en el texto no van a encontrar ustedes ninguna frase que acote el tiempo de vigencia de esta medida, con lo cual podemos decir que es una medida absolutamente indefinida".
Además, prosigue, "los que cumplen no tienen ni un premio" y se pregunta: "¿Con qué fuerza y con qué responsabilidad van a buscar personal si se les va a eximir de penalidades?".
"CONTRARIA A DERECHO"
El Grupo Parlamentario Socialista recuerda, además, que esta resolución "es contraria a derecho". "Hay hasta cinco sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que así lo dice".
En concreto -ha explicado- "dice dos cosas importantes", por un lado "que la falta estructural de personal en las residencias y centros de mayores no es causa de fuerza mayor, justo lo contrario a lo que se relata en esa resolución".
Y, en segundo lugar, "lo que dice claramente es que las administraciones públicas, en este caso el Gobierno de La Rioja, no puede eximir de penalidades a las empresas que incumplan con los contratos establecidos, lo que iría a su vez en contra de otra ley muy importante que tenemos que cumplir desde lo público, como es la ley de contratación del sector público".
Con todo ello, hoy registran este escrito para que el Defensor del Pueblo tenga el expediente completo de lo que ha pasado en La Rioja y pueda, en su caso, emitir un informe que ponga luz sobre estas sombras que pretende que haya el Partido Popular sobre este asunto".
"Esperemos que se revoque esta resolución y que no se ponga en riesgo la calidad asistencial de nuestros mayores ni tampoco la calidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de los centros y residencias".
Se trata de que "las familias y los mayores podamos vivir tranquilos sabiendo que nuestros mayores y vulnerables están bien cuidados".
Por otro lado, desde el PSOE aseguran que continuarán presentado iniciativas en los próximos plenos del Parlamento regional "para seguir insistiendo en que esta medida no se puede llevar adelante".
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